La Sección V de la Audiencia Provincial dictó sentencia sobre el juicio por torturas que rodeó la muerte del menor Philipp García Zoch en el centro de medidas judiciales Nivaria en noviembre de 2004. Y condenó a penas de cárcel a tres de las personas que trabajaban en dicho recinto en los días en que el adolescente apareció muerto con una bolsa en la cabeza. El tribunal condenó al principal acusado, el vigilante M.A.D., a un año y seis meses de cárcel como autor responsable de un delito de torturas, según el artículo 174.2 del Código Penal de menor gravedad, así como a ocho años de inhabilitación absoluta.

Otro trabajador de seguridad, V.R.R., y la educadora N.C.H. fueron condenados a una pena de un año de prisión por torturas, según el artículo 176 del Código Penal, así como a ocho años de inhabilitación absoluta. En los tres casos, los magistrados consideraron el atenuante de dilaciones indebidas en el proceso.

Los otros cuatro procesados en el proceso quedaron absueltos.

Contra dicha sentencia las partes pueden interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.

Los vigilantes y la educadora también fueron condenados a indemnizar a los padres de Philipp con 60.000 euros por los perjuicios sufridos por su hijo. En este último apartado, se considera que la empresa Seguridad Integral Canaria, la Fundación Ideo y la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias son los responsables civiles subsidiarios para abonar dicha indemnización.

Los padres del adolescente fallecido, Manuel García y Petra Zoch, manifestaron ayer que "estamos satisfechos con la sentencia", pues demuestra que las torturas denunciadas por la acusación particular y la Fiscalía realmente ocurrieron y "las hemos demostrado".

García y Zoch comentaron que todavía necesitarán varios días para asumir lo que han conseguido en la Audiencia Provincial, pues han debido pasar por ocho años de lucha tras la muerte de su único descendiente.

Además, los padres consideran que el tribunal de la Sección V ha hecho un trabajo muy loable y sus conclusiones son rotundas.

El abogado de la acusación particular, Sergio Arbelo Ledesma, valoró positivamente "que el tribunal nos haya dado la razón" y también destaca la contundencia de la sentencia. El letrado dice que, según los datos que posee, es la primera vez que vigilantes y una educadora de un centro de menores son condenados por torturas.