Hasta 125.000 empleos no declarados estima el Gobierno de Canarias que acoge la economía sumergida, según los datos que ayer hizo públicos la Dirección General de Trabajo, una cifra que equivale al 43% del número de parados inscritos en las oficinas de empleo del Archipiélago en la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2012, en concreto 288.813 personas.
Así lo anunció la directora general del área, Gloria Gutiérrez, con ocasión de las jornadas que organizó CCOO en Las Palmas, como parte de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo canario con las que pretende dar respuesta a la economía sumergida.
Bajo el lema "Plan de Sensibilización e Información de Protocolos de Actuación ante Situaciones de Empleo Irregular y Economía Sumergida", Gloria Gutiérrez insistió en la urgencia de "regularizar" estos empleos. "Consideramos necesario aflorar esta actividad ilegal, debido a sus efectos nocivos y destructivos para las empresas regularmente establecidas, a las que se somete a competencia desleal", y recalcó que "la economía sumergida socava las infraestructuras sociales".
La directora general destacó la posición de "tolerancia cero" por parte del Gobierno hacia esta práctica y el firme compromiso de su área en cuanto a dar a conocer la situación y buscar hechos objetivos que permitan aflorar e incentivar el empleo regular.
En este sentido, subrayó que solo reconociendo las características que empujan hacia la ilegalidad, podrán analizarse las medidas correctoras capaces de aflorar estos 125.000 empleos. "Hay que potenciar o reformular los instrumentos que se deben poner en funcionamiento con el fin de alcanzar los valores adecuados y previamente consensuados".
A juicio de la directora general "hay que aportar fórmulas que permitan facilitar la transición hacia la regularidad de actividades cuya legalización conlleve dificultades de supervivencia y afecten al nivel de empleo, contemplando la posibilidad de ampliar plazos para la regularización y medios necesarios para el afloramiento".
Observatorio del Fraude
Gloria Gutiérrez señaló que desde el Gobierno de Canarias se intentará promover la creación del Observatorio del Fraude como punto de encuentro entre la Administración Pública, organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales más representativas.
La responsable regional de Trabajo planteó esta propuesta entendiendo que si bien hay que partir de un concepto de "tolerancia cero con la irregularidad y la ilegalidad", desde el Gobierno de Canarias se es consciente de que este tipo de empleo se manifiesta "como una válvula de escape ante la actual situación económica".
"Esto lo que nos viene a decir es que la sociedad sigue necesitando determinados tipos de servicios y habrá que analizar por qué", concluyó Gloria Gutiérrez.