El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spinola, confirmó ayer los peores presagios de los sindicatos, al avanzar que en el año 2013 no se renovarán contratos temporales ni se cubrirán muchas jubilaciones en la Administración canaria.
En el pleno del Parlamento, y como respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Mixto Román Rodríguez, el consejero regional precisó también que el Ejecutivo canario no promoverá el próximo ejercicio ofertas de empleo público.
En su lugar, el Gobierno que preside Paulino Rivero "potenciará" la flexibilidad y la redistribución interna, dijo Francisco Hernández Spínola, quien, aunque aseguró no compartir la opinión del presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, de que sobran 5.000 empleados públicos, tampoco descartó que se vayan a producir despidos en la Administración.
"El despido será la última de las opciones de este Gobierno", indicó el consejero, quien reconoció que la reducción de partidas en los Presupuestos Generales del Estado para Canarias "tendrá consecuencias" en el Capítulo I (Personal).
Spínola recordó que Canarias es la quinta comunidad con menos empleados públicos por habitante de España y que siete de cada diez funcionarios son docentes o personal estatutario del Servicio Canario de Salud (SCS).
A su juicio, hablar de posibles despidos masivos genera "desmotivación", "ansiedad", "tensión", "pérdida de productividad" y es una "irresponsabilidad" en la que el Gobierno "no ha caído ni va a caer".
En este sentido, Román Rodríguez detalló que en los últimos 15 meses se han producido 32.700 despidos en el sector público, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y destacó que los empleados públicos atienden "a nuestros niños en las escuelas y hospitales y prestan servicios públicos".
Al respecto, lamentó que se haya "puesto de moda" despedir empleados públicos y pidió al Ejecutivo regional que su rechazo a los despidos se demuestre en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2013.
Si no hay cambios de última hora, esos presupuestos serán aprobados este jueves por el Consejo de Gobierno de Canarias.
Sobre este asunto se manifestó ayer también el coordinador del Área Pública y Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), José Ramón Barroso, quien calculó que las medidas anunciadas por el Gobierno pueden dejar sin empleo a unos 3.500 trabajadores -podrían llegar a 4.000-.
Barroso lamentó las "pocas ideas" que se están analizando el Parlamento canario para atajar la situación, y remarcó que hay "otras alternativas", como es la subida de impuestos a las personas que rentas más altas.
Por su parte, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista, fue aún más allá y consideró que los afectados podrían ser 18.000, que son todos los trabajadores interinos y eventuales de la Comunidad Autónoma.
Bautista recordó que el compromiso del Ejecutivo, de su presidente y del PSOE fue que no se iba a perder "ni un empleo público", por tanto "mienten una vez más". Es más, consideró el sindicalista de UGT que si el PSOE tuviese "un poquito de dignidad y coherencia política" abandonaría el Ejecutivo regional, y propuso, en línea con su compañero de CCOO, otras medias para ahorrar gastos. Entre otras citó la supresión de algunas direcciones generales "que no aportan nada".