Un total de 17 vecinos de diversos núcleos de la zona orotavense de La Playita, que dicen representar a, como mínimo, un centenar de residentes de estos enclaves de la parte baja del municipio, presentaron el pasado 2 de noviembre un escrito en el ayuntamiento redactado por una abogada que han contratado para exigirle al gobierno local que, en el plazo máximo de un mes, cumpla con la orden de Salud Pública del Gobierno regional de desalojar y trasladar las cabras de los corrales "ilegales" del barranco de Tafuriaste, a la altura de la urbanización de ese nombre y de Corina.

En caso contrario, estos residentes aseguran que acudirán a la justicia para denunciar el incumplimiento de una orden que creen muy relevante por tratarse de la salud y seguridad de las personas.

En el escrito, la abogada repasa todo lo ocurrido desde el pasado 7 de septiembre, cuando el alcalde, tras un informe de Salud Pública, decreta la inmovilización de las cabras en los corrales, evitando así su habitual pastoreo por la zona.

También alude a lo ocurrido el 18 de octubre, cuando entra en el consistorio una carta de Salud Pública que se refiere a ese último informe sobre la cabreriza, que confirma la presencia de animales con fiebre Q. Una enfermedad contagiosa que, aunque en ese texto no se especifica, afectaba a un 67% de las 300 cabras existentes, que fueron analizadas en su totalidad para cumplir los protocolos vigentes. Ese porcentaje fue confirmado a EL DÍA por Salud Pública.

El sacrificio como opción

Esta dirección general instaba entonces al consistorio a que procediese al desmantelamiento de las instalaciones y trasladase a las cabras. Si el realojo no fuera posible, se pedía el sacrificio de los animales. Ese mismo 18 de octubre, la junta de gobierno local ordena a los cabreros la retirada en un plazo de 72 horas (concretado en un decreto del 19 de octubre) con amenaza de ejecución forzosa a costa del obligado. Sin embargo, el último día de ese ultimátum (22) se produjo la tragedia del suicidio de Antonio Díaz Melchor, uno de los tres cabreros afectados.

Este triste hecho paralizó unos días el proceso hasta que la corporación, el 26 de octubre, acuerda el desalojo forzoso, aunque mediante ejecución subsidiaria. El consistorio alega que no dispone de terrenos aptos para llevar a cabo el traslado de las 300 cabras, según un informe del arquitecto municipal, e insta con carácter urgente al Cabildo y a la consejería regional de Agricultura a que coopere en la ejecución, poniendo a disposición un recinto que reúna las condiciones adecuadas (se ha apuntado a una finca insular en Benijos). De lo contrario, el gobierno local indicaba que se optaría por el sacrificio de los animales.

No obstante, ha pasado el tiempo y los vecinos alertan de que todo se ha agravado porque ni se ha producido el traslado ni se ha sacrificado a las cabras, manteniéndose en los corrales en una etapa en la que suelen darse los partos, lo que aumenta los riesgos de infección por situarse las placentas al aire libre y tratarse de una época de lluvias, agua que puede extender la bacteria. Asimismo, hay mayor concentración de excrementos y orina, otro factor infeccioso.

En el escrito, los residentes advierten de que se les está inculcando derechos fundamentales, como el de la integridad física y moral, a la vida y la salud, así como a la inviolabilidad del dominio, la protección de la salud, un medio ambiente adecuado y a tener una vida diaria normal, "pues vivimos con las puertas y ventanas cerradas, sin poder disfrutar de los espacios abiertos por temer ser contagiados de fiebre Q", aparte de las moscas, las ratas, pulgas y mal olor. Ademas, alertan de los grupos con más riesgo (embarazadas, niños, mayores, personas con enfermedades inmunológicas...).