Mientras el número de personas que pierden su domicilio por los desahucios ha subido en los últimos años, un total de 120 menores encontraron un hogar el pasado año, la misma cifra que en 2009, según datos de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno regional .

Y es que las adopciones en Canarias se han resistido a la crisis económica, al sufrir en 2011 un aumento respecto al año anterior, cuando se había registrado una disminución.

En concreto, en el Archipiélago fueron adoptados el año pasado 42 niños de nacionalidad española y 120 extranjeros, la mayoría de ellos (62) procedentes de China. Cabe señalar que la acogida de menores procedentes de este país habían registrado un notable descenso en 2010, con 37 adopciones.

Así, el año pasado se adoptaron 17 niños procedentes de Etiopía; diez de Rusia; seis de Lituania y otros tantos de Filipinas y cuatro de Colombia.

Bolivia (1), Brasil (2), Bulgaria (1), India (1), Kazajistán (2), Mali (1), México (3), Nepal (2), Ucrania (1) y Vietnam (1) fueron los otros países de procedencia de los menores de nacionalidad extranjera que fueron adoptados en las Islas durante el año pasado.

La forma en que se puede adoptar a un menor extranjero es a través de la autoridad central del país por el que se ha optado; por el Ministerio español competente en la materia o por medio de una Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI) que esté habilitada en Canarias o en otra CCAA si no existiese en Canarias.

Cabe señalar que entre 2007 y 2011 se adoptaron en Canarias un total de 560 menores de procedencia extranjera y 192 de nacionalidad española.

Adopciones en Kazajistán

El Gobierno de Canarias alzó esta semana la suspensión temporal de admisión y tramitación de solicitudes de adopción internacional en Kazajistán decretada en Resolución

de 19 de agosto de 2008 y limitar las vías de tramitación, según informó en el BOC. El motivo de suspensión de las adopciones en este país fue la necesidad de que este realizara los cambios legislativos e institucionales necesarios para ofrecer las garantías suficientes de que se respetaban los derechos de

los menores y la normativa internacional referente a esto.