La economía sumergida impide que Canarias ingrese cada año cerca de 8.000 millones de euros -cerca del 30% de su producto interior bruto (PIB)-, según los datos que maneja el Ejecutivo regional. En puestos de trabajo supone el 29% del empleo del Archipiélago.

La abultada cifra es aún mayor que el montante total del proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013, actualmente en tramitación parlamentaria y que asciende a 6.288 millones de euros, un 6,7% menos que el del ejercicio actual.

Los datos de Canarias están, en términos porcentuales, incluso por encima de la media española y europea. En España, durante 2012, la economía sumergida supuso casi el 24% del PIB -unos 88.000 millones-, mientras que en Europa el porcentaje fue diez puntos menos que en las Islas, un 20%.

No es de extrañar por tanto que exista una "seria preocupación" por este asunto en el seno del Gobierno canario, desde el que se considera "necesario" regularizar la economía irregular debido a sus efectos "nocivos" y "destructivos" para las empresas regularmente establecidas, a las que somete a competencia desleal.

Además, con ella se coloca a determinados trabajadores en situación de "ilegalidad" con el consiguiente quebranto al sistema de Seguridad Social, y se pone en peligro la viabilidad del sistema público y se adultera la actividad productiva y el mercado de trabajo. Y es que los cálculos del Gobierno elevan a 125.000 los puestos de trabajo que podrían generarse si se regularizara la economía irregular.

Todo ello sin dejar de reconocer que la economía sin declarar se muestra como una "válvula de escape" del desempleo.

Es por ello que entre las prioridades de la Consejería de Empleo del Ejecutivo regional, a través de la Dirección General de Trabajo, figura la creación de un Observatorio contra el Fraude, que sirva como punto de encuentro entre Administración, empresarios y sindicatos para combatir la economía irregular. También participará en él la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Según las fuentes de la citada Consejería consultadas al respecto, la idea es que en enero se pueda llevar una propuesta de observatorio al Consejo de Relaciones Laborales -órgano creado en 1995 y que no se había reunido desde 2006-, para que luego sea discutida en la Mesa Técnica para la Economía Sumergida, que integran también sindicatos y empresarios.

Lo que sí parece claro de antemano es que el nuevo organismo centrará sus tareas en algunos "sectores" ya localizados por el Gobierno, en los que la economía sumergida está más extendida.

Al margen de este observatorio, la citada dirección general, en colaboración con el resto de actores implicados, viene trabajando ya desde hace meses en la elaboración de varios proyectos orientados a detectar y facilitar la regularización de la economía irregular. Por ejemplo, a través de los sindicatos se intentará canalizar las denuncias de los trabajadores, de tal forma que estos tengan mayor protección frente al denunciado.

Para llevar a cabo esta labor de control se cuenta también con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la que se pactarán inspecciones de muestreo aleatorio. De cualquier forma, desde el Ejecutivo se precisa que el espíritu "no es multar y sancionar", sino mentalizar y hacer aflorar esa economía oculta.