La Audiencia de Cuentas ha dado forma y contenido a las denuncias que, en la anterior legislatura el PSOE y en lo que ha transcurrido de esta el PP, han formulado en contra de la gestión del ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC), cuyo director general es Guillermo García.

Expedientes de contratos sin informes jurídicos o técnicos que justifiquen la adquisición del producto audiovisual, sin estudios comparativos que analicen los precios de contratación a efectuar en relación al mercado o sin supervisión directa posterior de lo que se ha comprado son algunas de las irregularidades detectadas por el órgano auditor, en su Proyecto de Informe de Fiscalización de la Gestión de RTVC, en relación con los contratos suscritos por el ente público durante la VII Legislatura (2007-2011).

Durante esa etapa RTVC dependía de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, que dirigía el nacionalista Jorge Rodríguez.

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico y sobre el que el ente público podrá hacer alegaciones, la Audiencia remarca, entre otras cuestiones, que la gestión de la contratación llevaba a cabo durante 2007 y 2011 no se ajustó, en general, a criterios de "eficacia, eficiencia y economía", y que no se observaron "en ocasiones" las "normas, disposiciones y directrices" que le eran de aplicación.

Todo esto se desprende del análisis de 136 de los 575 contratos remitidos a la Audiencia por el ente públicos y sus dos sociedades, Televisión Pública de Canarias SA (TVPC) y Radio Pública de Canarias SA (RPC). El importe total de estas contrataciones ascendió a 264 millones.

Y todo ello, según destaca el órgano auditor, sin que se haya podido analizar por completo la gestión de RTVC, pues no facilitó todos los contratos firmados entre el 26 de junio de 2007 y el 28 de junio de 2011.

En este punto, la Audiencia llama la atención también sobre gestión de la actividad del periodo analizado y dice que la centralización de la misma a través de la figura del director general -Guillermo García- se llevó a cabo "sin efectuar los necesarios controles internos" y sin contar con un marco interno "reglado" que garantizase la necesaria objetividad y transparencia en las decisiones adoptadas.

De esta forma, y al margen de las funciones de control jurídico y financiero sobre el grupo RTVC desempeñadas por los Servicios Jurídicos y la Intervención General de la Comunidad Autónoma, ni el ente ni sus sociedades contaron durante la VII Legislatura con un sistema de control interno "adecuado ni eficaz".

Pero las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas no quedan aquí. El órgano dependiente del Parlamento de Canarias también hace hincapié en determinados gastos realizados por el ente en alquileres de nuevas oficinas y en el nombramiento de asesores externos.

Apuntan los auditores que tres de los contratos de alquiler analizados no se acompañaron de informes jurídicos, técnicos ni de cualquier otra naturaleza, previos a su formalización, "que justificaran la necesidad, la oportunidad o conveniencia de la contratación a efectuar". Es más, en uno de los contratos, la Televisión Pública contrató la póliza de seguros asociada al contrato de arrendamiento, 10 meses después de su formalización, aclara la Audiencia.

Respecto a los asesores, remarca el órgano auditor que no constaba en el expediente ningún tipo de informe que justificara el nombramiento de asesores técnicos externos a TVPC con la finalidad de valorar determinados aspectos técnicos vinculados a la contratación del servicio. Tampoco constaba la documentación que acreditase posteriormente la adjudicación de la respectiva contratación a dichos asesores externos.

Precisamente, el Proyecto de Informe de la Audiencia recoge que varios miembros del Consejo de Administración han puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades cometidas.