La Mesa General de Empleados Públicos celebrada ayer, en la que el Gobierno regional y los sindicatos tenían que haber llegado a un acuerdo sobre los ajustes salariales que la Administración autonómica pondrá en marcha en 2013, no consiguió su objetivo. Al término del encuentro, sindicalistas y Ejecutivo no escondieron su distanciamiento y, de hecho, los representantes de los trabajadores manifestaron estar hartos de "promesas" por lo que adelantan que preparan movilizaciones y otras actuaciones de protesta.

Como se recordará, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad -de la que depende función pública- anunció en plena elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013 que, para evitar despidos, recortaría un 20% de jornada y sueldo a los 3.306 empleados laborales temporales y los funcionarios interinos, lo que los sindicatos tildaron de arbitrario.

Por eso, los representantes de los trabajadores rechazaron la medida -consideran que planteada de esa forma incide más sobre los que tienen una jornada laboral inferior- al tiempo que recordaron que el ajuste propuesto para el capítulo de personal -en torno a 87 millones de euros- es inferior al 1% de los cerca de 1.400 millones de euros que componen esa partida.

"Nos negamos a creer que un ajuste de menos del 1% en todo el gasto de personal tenga que castigar, precisamente, a ese colectivo", manifestó disgustado el coordinador del Área Pública y Enseñanza de CCOO, José Ramón Barroso.

"Es increíble que el Gobierno quiera castigar a ese grupo concreto de trabajadores sin estudiar ningún criterio objetivo para aplicar la rebaja y con independencia de su desempeño", criticaron entonces de CCOO.

La decisión del Ejecutivo, dada a conocer ayer en la Mesa General de Empleados Públicos, fue mantener el recorte del 20% excepto para el colectivo dentro de ese grupo que tenga una jornada laboral semanal igual o inferior a 25 horas en cómputo anual, es decir, como media global, a los que se les aplicará una bajada de "solo" el 10%, algo que los sindicatos recibieron con indignación. La iniciativa alcanzaría a unos 950 trabajadores, según el Gobierno.

Pero el director general de Función Pública, Aarón Afonso, defiende que este recorte del 10% se hace "por consideración" a esos 950 trabajadores y que responde a la demanda planteada por los sindicatos.

"Es más de lo mismo, solo promesas", criticó el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Bautista en relación a la posibilidad de mejorar la situación en el futuro, pero aplicar estos recortes sin más discusión desde ahora.

De esta forma, UGT anunció que convocará la próxima semana una asamblea general de empleados públicos para definir qué acciones de protesta poner en marcha, mientras que CCOO tiene previsto ampliar la movilización del próximo lunes -contra el recorte a las pensiones- para incluir a los empleados públicos de la Comunidad afectados por la rebaja.

Además, CCOO quiere celebrar concentraciones de trabajadores públicos el martes y el miércoles, además de plantear una manifestación para el 27 de este mes, fecha en la que deben aprobarse los presupuestos en el Parlamento.