Raúl Sánchez, La Orotava

El Ayuntamiento de La Orotava tendrá que pagar deudas por valor de 1.348.000 euros en un plazo de seis meses. El Pleno aprobó ayer el reconocimiento de una deuda de 1.059.906 euros con la empresa Gestur por obras en la urbanización Lercaro, y otra de 288.000 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social, derivada al consistorio por los impagos de la empresa Mararía, que gestionaba el servicio de ayuda a domicilio.

El consistorio se compromete a abonar la deuda heredada de Mararía antes del 30 de junio de 2013 y anuncia que emprenderá acciones judiciales contra la empresa.

La deuda con Gestur SA se abonará en un único pago antes del 30 de abril de 2013. Si se cumple este plazo, Gestur renunciará al cobro de los intereses generados, que ascienden ya a 306.000 euros. Este acuerdo, aprobado ayer por CC, PP y PSC, pretende paralizar el contencioso administrativo interpuesto por la citada empresa.

En la sesión, que empezó con 25 minutos de retraso, se aprobaron sin debates ni intervenciones 21 de los 25 puntos del orden del día, además de varios asuntos urgentes. En apenas diez minutos, la corporación despachó la inmensa mayoría de los asuntos del pleno y solo se detuvieron para debatir el presupuesto de 2013.

CC y PP aprobaron con sus votos las cuentas del año que viene, que bajan un 3,88% respecto al vigente y se reducen a 33,8 millones.

El portavoz del PP, Enrique Luis, aseguró que su partido comparte "el 80%" del presupuesto presentado por los nacionalistas, aunque lamentó que no se les haya dado más participación en el proceso de elaboración. También criticó el gasto en Fiestas y el déficit de la Escuela de Música.

El PSC votó no a un presupuesto en el que, según denunció Víctor M. Luis, "las inversiones bajan un 56% y no existe ningún tipo de inversión productiva que ayude a generar empleo". También censuró su carácter "continuista," y la existencia de partidas "ridículas" en Desarrollo Local, Turismo, Comercio, Agricultura y Ganadería, "que apenas suman 145.000 euros entre todas". Además, lamentó que no se reduzca el coste de los servicios privatizados y que la partida de fomento del empleo "baje un 78%".

José Antonio Lima (IpO) fue el más radical en la crítica a un presupuesto "sin sensibilidad social, cuyas prioridades son el entretenimiento, el populismo, el clientelismo político, contentar a las empresas amigas y garantizar unos buenos sueldos a los concejales de Coalición Canaria y a sus asesores". Para IpO, el presupuesto es "gris, anacrónico y está alejado de la realidad social de la Villa".

Lima acusó a CC de "preocuparse más de las fuentes de las rotondas que del sector primario, tal y como demuestran las cifras".