Los decretos, se supone, se dictan para ser cumplidos, sobre todo si los promueve un mismo partido. Sin embargo, esta pretendida norma de sentido común se incumplió ayer de forma flagrante en el Ayuntamiento aronero cuando el gobierno local (CC), con la oposición del PSOE, PP y José Antonio Fuentes (CAN), y el respaldo de Ciudadanos por Arona, aprobó un nuevo régimen retributivo para el alcalde y la edil de Turismo el mismo día en que en las cuentas corrientes de los concejales gubernamentales se ingresaba una paga extra de Navidad a la que, según un decreto del exmandatario José Alberto González Reverón, habían renunciado el pasado 17 de septiembre.
Fue el portavoz socialista, José Julián Mena, el que, desde el comienzo del debate sobre lo que cobrará ahora Francisco Niño y la nueva edil de Turismo, Evelia Santos, censuró con dureza el incumplimiento de dicho decreto. A su juicio, se trata de una "manera deshonrosa y peligrosa de hacer política tras haber alardeado en la prensa de que renunciaban a la extra por la crisis y, ahora, en una de las primeras decisiones del nuevo alcalde, incumplen ese anuncio. Mal empieza", le espetó a Niño.
Asimismo, censuró que el máximo mandatario pase a cobrar unos 71.000 euros limpios cuando antes, como edil de Turismo, percibía unos 60.000, al tiempo que presentó como incongruente que la nueva concejal de este departamento cobre al mes 2.252 euros, cifra que se sitúa junto a las más bajas de los ediles del gobierno y que supone "casi la mitad anual (38.504) de lo que cobraba antes Niño por las mismas funciones". En su opinión, "o ahora cobra muy poco, o antes el alcalde cobraba demasiado por la misma labor".
El líder del PSOE también reprochó que el cobro se produjera el mismo día en que se iba a reconocer que no se dispone de los 681.000 euros para la extra de los funcionarios y los trabajadores, así como que no se informara en ningún momento de la decisión y que sea un pésimo mensaje ante los sacrificios de la población y la mayor tasa impositiva en el municipio.
Asintiendo o en una línea similar se pronunciaron el portavoz conservador, Dionisio Rocha, y Fuentes, quien resaltó que el propio gobierno ha reconocido que se encuentra bloqueado y que el nivel de trabajo es inadecuado.
En contraposición, el portavoz de CC, Antonio Sosa, subrayó que las retribuciones brutas totales del gobierno disminuyen, "por lo que no hay ningún asalto a las arcas", así como que, en septiembre, también se firmó un decreto que disminuía la asistencia a plenos y comisiones de 100 a 50 o 60 euros "y de eso no hablan".
Rocha le replicó que nunca se había quejado de ese extremo, mientras que Mena insistió en la "discriminación" en la distribución salarial de los ediles del gobierno en perjuicio de las mujeres. Sosa negó que fuera una cuestión sexista, si bien admitió que hay un desequilibrio iniciado desde el comienzo de mandato.