Las relaciones institucionales entre el Ejecutivo regional y las corporaciones locales no podían iniciar 2013 con peor pie. La decisión del Gobierno canario de dejar de financiar, a partir de 2014, los consorcios de emergencias de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria ha reabierto la caja de los truenos, de la que ya saltaron chispas a lo largo de 2012.

La intención del Ejecutivo canario -comunicada por carta el 28 de diciembre- fue anunciada ayer por el presidente del Cabildo de Gran Canaria y responsable de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), José Miguel Bravo de Laguna (PP), quien lamentó que del Ejecutivo regional solo vengan "recortes" para esta isla.

En el caso de Gran Canaria, la salida del Gobierno privaría al consorcio de 2,5 millones para 2014, una cantidad que tendrían que suplir la corporación insular y los ayuntamientos.

Más crítico aún se mostró el consejero de Seguridad del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena (PSOE), quien consideró que el Ejecutivo tiene "otros campos" donde hacer recortes, y no en casos que afectan directamente a la seguridad de los ciudadanos.

"Quitar en bomberos significa poner en riesgo la seguridad de los tinerfeños", denunció Valbuena, quien advirtió de que si finalmente se materializa la amenaza del Gobierno "habría que plantearse" cuál es el papel de la Administración regional en las emergencias. "No puede limitarse únicamente a dar instrucciones sin colaborar en el sostenimiento de los sistemas de emergencia", remarcó.

A juicio de Valbuena, hay una "postura cómoda" y bastante "injustificada" por parte del Gobierno canario, pues, en su opinión, en las emergencias tienen que colaborar "todas las administraciones".

"No tiene sentido que el Estado colabore sosteniendo sus cuerpos y fuerzas de seguridad; el cabildo y los ayuntamientos lo hagan con los servicios de bomberos y policías locales, y el Gobierno regional mantenga una Policía Canaria, cuestionada, incluso, dentro del partido que sustenta el pacto", aseveró el consejero.

"Creo que hay que poner eso sobre la mesa antes de mandar cartas, valorar las consecuencias que eso puede tener sobre la seguridad de los tinerfeños", sostuvo.

Valbuena avanzó que van a realizar "un estudio riguroso" sobre cuál es el papel de otras comunidades autónomas en otros servicios de emergencias, al objeto de hacerle ver al Gobierno que es "una mala idea" que salga de los consorcios. Además, subrayó que el modelo de Tenerife está siendo reconocido en otros puntos de la Península, por tanto salir de él significa "ir desmantelándolo". "Es malo empezar a quitar donde, más allá de las competencias, hay una obligación", lamentó.

El Gobierno, por su parte, defendió que es una decisión que se toma en el marco de reforma de la administraciones públicas y teniendo como referente la situación económica que a ellas afecta.

Según las fuentes consultadas, lo que quiere el Ejecutivo es "centrarse" en el desarrollo de sus propias competencias, para evitar así las "duplicidades".

Recordaron estas fuentes que el Gobierno "siempre" ha participado de forma "voluntaria" en los consorcios, por tanto "esté consorciado o no" el Ejecutivo seguirá prestando "sus competencias" y las corporaciones locales las suyas.

es el porcentaje que aporta el Gobierno canario a los consorcios de emergencias de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria. El resto del presupuesto sale de las arcas insulares y municipales.