Parte de los 21 trabajadores de la anterior empresa concesionaria de la grúa municipal, Desguaces Tenerife, se manifestaron ayer en la puerta del Ayuntamiento de Santa Cruz para reclamar unos puestos de trabajo que ya no tienen desde el pasado mes de octubre, aunque, según explica su portavoz, Juan Alberto Martín Hernández, de la Federación de Transporte de UGT, "no nos han despedido, por lo que estamos en una especie de limbo legal con tres meses ya sin cobrar, aunque el próximo 10 de enero esperamos poder hacerlo por fin del paro".
El alcalde recibió a los representantes de los trabajadores, algo que estos valoraron "positivamente, al igual que la reunión". José Manuel Bermúdez insistió en que en el nuevo pliego de condiciones del servicio de la grúa se contempla la subrogación, pero "no lo vemos claro y esperaremos a estudiar el documento".
"Ha sido un período muy duro -explica Martín-, hay compañeros cansados y otros a los que les da vergüenza salir a protestar".
"El pasado 25 de octubre -explica el representante de UGT-, recibimos una carta de la empresa días antes de que el concurso expirara el 31 de ese mes. Le pasó el muerto al ayuntamiento, que, en escrito firmado el 29 de octubre por el Jefe del Servicio de Seguridad Ciudadana, se desvinculó del futuro de 21 trabajadores".
Este grupo de profesionales, "formados para este servicio", tiene abiertos procesos judiciales contra la que fuera su empresa, Desguaces Tenerife, "que mantiene actividad y cien trabajadores en plantilla", aclaran; la firma (Grúas Cuchi) que, de forma provisional, desarrolla el servicio hasta marzo "sin concesión ni concurso" y el propio ayuntamiento.
"No entendemos -aclara Martín- que aleguen en ese escrito de 29 de octubre que no había tiempo para abrir un concurso por bajas de funcionarios y otros problemas técnicos cuando el 9 de diciembre de 2010 el anterior concejal del área, Hilario Rodríguez, firmó un documento que traducimos como un compromiso para asumir a los trabajadores en el nuevo servicio si no hay impedimento legal".
"Además -apostilla Martín-, el segundo acuerdo sobre Transporte de Carreteras de marzo del año pasado establece que la subrogación es obligatoria".
"No se puede dejar un concurso desierto desde hace dos años ni en la calle a trabajadores formados como avalan las firmas de muchos policías locales. Hemos pagado sin culpa por un contencioso entre empresa y administración pública. Solo queremos trabajar en lo que hemos hecho todos estos años. Nada más", concluye Martín.