El Pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona ha tomado medidas para frenar los desahucios por motivos económicos a los residentes de este municipio sureño, moción presentada por la Alcaldía y que contó con el total respaldo de los distintos grupos que componen la Corporación local.

En este sentido, la iniciativa consiste en retirar los fondos municipales de aquellos bancos y cajas que ejecuten resoluciones hipotecarias contra residentes sanmigueleros.

"La moción es presentada tras el estallido de la crisis y el aumento del desempleo, cuando miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, como es el mantenimiento de sus viviendas", según manifiesta el alcalde, Valentín González.

Añade que "con esta iniciativa el Pleno sanmiguelero se une al acuerdo unánime adoptado por el Comité Ejecutivo de la Fecam, por el que se muestra el respaldo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, en general, a toda la ciudadanía que viene sufriendo el drama social de la pérdida de sus viviendas por desahucios judiciales".

"El resultado de una normativa de competencia estatal está teniendo efectos dramáticos, que se concretan en el ámbito municipal porque es en los ayuntamientos a donde se dirigen las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Tal es así que el acuerdo adoptado en sesión plenario también recoge instar al Estado a modificar el actual marco legal que regula el mercado hipotecario", destaca el mandatario.

"En concreto, se solicita que se establezca un procedimiento de insolvencia de las personas físicas en el que se recojan plazos y prórrogas que hagan el pago más flexible, la tasación por profesionales independientes al banco, la autorización para que la persona deudora continúe en la vivienda pagando un canon o alquiler que no supere el 30 por ciento de la renta familiar neta o la regulación de un régimen específico para la vivienda habitual y de los locales de negocio, entre otros", señala.

Por otra parte, en esta moción se recoge demandar de las entidades financieras y bancarias el establecimiento de los mecanismos necesarios "para favorecer la transparencia y la información a disposición de la ciudadanía con relación a la concesión de préstamos o créditos hipotecarios".