El Gobierno canario ha anunciado hoy que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los reales decretos ley de medidas urgentes en racionalización del gasto en educación y sanidad, por entender que invaden competencias autonómicas.
El Gobierno de Canarias entiende que algunos preceptos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "afectan sustantivamente al ámbito competencial de la comunidad autónoma en términos incompatibles con la autonomía financiera garantizada por la Constitución".
El Ejecutivo autonómico recuerda que el artículo 135 de la Constitución fija como principio constitucional la estabilidad presupuestaria y da sentido a una distribución de responsabilidades entre el Estado y las comunidades autónomas, para su aplicación en el marco de sus competencias estatutarias y lo que se determine por ley orgánica.
Sin embargo, el contenido de la ley orgánica "está más vinculada a la política concreta del Gobierno de turno que a la configuración de un sistema de estabilidad presupuestaria que se acomode al marco constitucional", ha señalado el portavoz del Ejecutivo canario, el viceconsejero Martín Marrero.
En relación con el Real Decreto Ley sobre el Sistema Nacional de Salud, el Gobierno canario estima que su contenido podría rebasar "los límites materiales establecidos por el artículo 86 de la Constitución Española, al afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en el Título I de la Carta Magna".
Sobre el Real Decreto Ley de Racionalización del Gasto Público en Materia Educativa, el Gobierno de Canarias opina, entre otros aspectos, que los artículos 3 y 4 no respetan el orden de competencias establecido en materia de educación.
En este sentido, defiende que el establecimiento de la jornada lectiva del profesorado es una competencia "típicamente autonómica, al igual que la sustitución transitoria de profesores titulares por funcionarios interinos".