El vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, anunció ayer, después de la primera reunión de la dirección de la Cámara Alta, que el Tribunal Supremo les ha solicitado la certificación como senador del socialista tinerfeño Aurelio Abreu, vicepresidente del Cabildo y exalcalde de Buenavista desde 1983 a 2008, por un supuesto delito de prevaricación y como paso previo a pedir el suplicatorio para investigarle por el centro de discapacitados de ese municipio.
El Supremo da así un paso habitual en estos procesos cuando atañen a senadores o diputados por su condición de aforados. La denuncia inicial parte del actual gobierno de Buenavista, que dirige Antonio Fortes (Sí Se Puede), que trasladó a la Fiscalía de la Provincia en julio pasado la documentación del proyecto de redacción técnica de dicho centro, trabajo arquitectónico que el estudio del exedil socialista en Santa Cruz Ramiro Cuende cobró en 2006 por 160.000 euros, pero que no se halla en ningún departamento local.
La Fiscalía detectó indicios de posible prevaricación y de malversación de caudales públicos, e instó a imputar a Abreu por ello. Según este órgano, se cree probado que, en 2006, se celebró un contrato entre el ayuntamiento y dicho estudio para la realización y dirección de obras de esa residencia "sin licitación pública, a pesar de ser requerido por ley, llevándose a cabo, por tanto, una ilegal adjudicación directa", siempre según la versión de SSP que ratifica la Fiscalía. En diciembre de ese año, la Comunidad entrega una subvención al consistorio para redactar el proyecto por 162.000 euros.
Abreu indicó ayer a EL DÍA que conoció la decisión el martes, pero insiste en que está muy tranquilo, que quiere que esto se aclare cuanto antes y colaborar al máximo. Cuende señaló que no harán más declaraciones hasta que les llame la Fiscalía, aunque aclaró en su día que entregaron el proyecto que luego extraviaron y que esbozaron otro, ofreciéndose para lo que fuera al consistorio. Para él, lo importante es el centro en sí.