Mohamed está en paro, sufre de diabetes y es uno de los inmigrantes a los que la sanidad canaria dejará sin cobertura por llevar menos de un año empadronado en las islas, pero su azúcar no da tregua y cada día debe enfrentarse a un tratamiento de insulina que no sabe cómo pagar.

En 2008, Mohamed decidió dejar Sidi Ifni, en Marruecos, y subir a una patera que le traería a Fuerteventura, donde permaneció durante más de tres años en trabajos precarios y sin un contrato laboral que le permitiera tener los papeles en regla.

Hace cuatro meses, este hombre de 33 años probó suerte en Madrid y cambió el empadronamiento en busca de un precontrato que le ayudara a regularizar su situación. Al poco de estar en la Península, unos fuertes mareos y continuos vómitos ponían en alerta a Mohamed de que algo en su salud no iba bien.

En Madrid se aplica desde hace tiempo el Real Decreto Ley que limita la prestación sanitaria a los inmigrantes irregulares, por lo que este ciudadano marroquí recurrió a unos amigos que le pusieron en contacto con unos enfermeros para que le realizaran unos análisis, según ha relatado él mismo a Efe.

Los resultados no daban lugar a dudas: Mohamed tenía el azúcar a 655 y debía ponerse en manos de profesionales. De regreso a la isla, la Mesa Ciudadana por una Sanidad Universal de Fuerteventura le consiguió una cita con un médico que no tardó en recetarle un tratamiento con insulina.

Él es una de las 5.398 personas que en Fuerteventura se quedaron sin tarjeta sanitaria tras la aprobación del decreto y su caso fue dado a conocer a los medios de comunicación por la Mesa Ciudadana hace unas semanas poco antes de que la Consejería de Sanidad decidiera recular y abrir las puertas de los centros de salud a los extranjeros indocumentados, bajo determinadas condiciones.

La alegría inicial del joven, tras conocer la decisión del Gobierno canario, se truncó al saber que entre los requisitos, además de cobrar menos de 532 euros al mes, figuraba el de estar empadronado en algún municipio de las islas durante más de un año.

Asistido por Faissal, un marroquí que le ayuda a desenvolverse con el español, el joven relata cómo el cambio de empadronamiento de Fuerteventura a Madrid le impide ahora acudir a un facultativo que le realice periódicamente los controles médicos necesarios.

Además, para acceder a la asistencia sanitaria los inmigrantes deben presentar un certificado de bienes y rentas de su país de origen, copia del pasaporte y del libro de familia, un certificado de bienes emitido por la dirección general del catastro, un certificado de carecer de recursos económicos en su país y otro de ingresos de la Agencia Tributaria Estatal.

La decisión de la Consejería de Sanidad no ha tardado en ser rechazada por los colectivos de inmigrantes al considerar que estos requisitos son imposibles de cumplir por la mayoría de las personas en situación irregular.

Mohamed se queja además de la excesiva documentación que requieren: "cada papel cuesta al menos 40 euros, ya que hay que sellarlo, traducirlo y enviarlo a España, pero yo "no tengo dinero y tampoco mi enfermedad puede esperar".

De momento, gracias a la ayuda de unos amigos ha podido sufragar los 120 euros que le ha costado el primer tratamiento de insulina y que le durará unos 40 días. "No sé cómo podré pagar el resto, porque tampoco consigo trabajo", confiesa.

Los servicios sociales municipales le han ofrecido ayuda, aunque no puede acogerse a ellos por llevar menos de seis meses empadronado en Fuerteventura y solo le costearían una insulina cada cuatro meses.

Desde Sidi Ifni la familia de Mohamed sigue con preocupación su estado de salud, pero él se mantiene firme en su propósito de no regresar a Marruecos y buscar un futuro fuera de su país.

Gracias a la insulina y a una estricta dieta su salud ha mejorado en las últimas semanas, aunque asegura que cada día se atormenta pensando que el medicamento se le acabará. De momento, tiene solo para 20 días más.