El Ministerio Fiscal solicita una pena de 20 años de prisión para el hombre acusado de matar a su esposa, Lidia Esther Rodríguez, cuando esta dormía en su vivienda de Barranco Grande en noviembre de 2010, dándose a la fuga, aunque fue interceptado y detenido en la autopista del Sur a la altura de Candelaria. Además, el fiscal reclama una indemnización de 300.000 euros para los hijos que el acusado tuvo con la víctima.

El juicio por este crimen, ocurrido en la calle Ciprés del barrio santacrucero, se desarrollará la próxima semana por Tribunal de Jurado en la Sección V de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El procesado, Honorio José Gutiérrez Gómez, llevaba 10 años casado con la víctima. Sin embargo, según el escrito de Fiscalía, los celos pudieron ser el origen de la tragedia.

La relación sentimental de la pareja atravesaba por una crisis, ya que el supuesto autor de la muerte le reprochaba a la mujer que "chateara" (hablara en foros de internet) con otras personas, "cuando lo cierto es que se dedicaba exclusivamente a sus hijos y su esposo, al que atendía en todo lo que este le pidiera".

La víctima, en un gesto de transparencia, le ofreció al acusado las claves de su ordenador para que este pudiera comprobar las comunicaciones con otras personas. No obstante, el marido instaló, sin que la mujer lo supiera, un aparato en el ordenador de la víctima para espiarla y conocer con quién se comunicaba.

El acusado se acostó temprano la noche del 18 de noviembre de 2010 porque al día siguiente tenía que llevar a sus hijos al colegio. Pero después se levantó y permaneció en el salón de la casa hasta las 3 de la madrugada inmerso en revisar las conversaciones de su esposa.

En un momento dado, Honorio Gutiérrez, al que le gustaba coleccionar cuchillos y machetes, cogió una de sus armas blancas, de 21 centímetros de largo, y se lo colocó escondido en la parte posterior del pantalón, según el informe provisional del fiscal.

A continuación, se dirigió al dormitorio, donde Lidia Esther dormía boca arriba. Tras sentarse en el lateral izquierdo de la cama y, sin que la víctima pudiera darse cuenta del ataque mortal, le asestó dos puñaladas certeras en el tórax. La primera de las heridas resultó letal, porque afectó al pulmón derecho y le produjo una gran hemorragia interna.

Tras acabar con la vida de su esposa, según el relato del Ministerio Fiscal, salió del piso familiar y empezó a gritar que había matado a Lidia, que le había dado una puñalada en el corazón.

Después, el procesado huyó del lugar. Arrancó su vehículo y se dirigió por la carretera general hasta la autopista del Sur (TF-1) en dirección a Las Américas. En ese momento ya estaba buscado por las fuerzas de seguridad. Una patrulla de la Guardia Civil observó el coche a la altura de Las Caletillas, pero consiguió darse a la fuga a alta velocidad. Después, dio la vuelta y condujo hacia la capital tinerfeña. En esa fuga, golpeó a otro vehículo hasta que chocó contra la mediana de la autopista, el turismo quedó inmovilizado y el supuesto asesino quedó detenido por agentes del Instituto Armado.

Según las conclusiones del Ministerio Fiscal, el acusado tiene diagnosticada, desde los 10 años, una epilepsia convulsiva, para lo que tiene prescrita una medicación antiepiléptica para disminuir su conducta agresiva. Sin embargo, semanas antes del trágico suceso, el individuo dejó voluntariamente de tomar dichos fármacos, a pesar de que sabía que, sin los mismos, podría tener una crisis convulsiva y mostrarse violento.

El acusado se reconoce como una persona física y verbalmente agresiva, irritable, resentido y desconfiado, así como impulsivo. Al parecer, ha tratado de suicidarse, pero, según la Fiscalía, dichos intentos tienen que ver con su situación de estar en prisión y no con los hechos que ha cometido.

Cuando ocurrió la tragedia, el matrimonio tenía dos hijos de 10 y 7 años de edad, que actualmente están bajo la tutela de la abuela materna. El juicio con Tribunal de Jurado está previsto que comience el lunes y acabe el jueves.

La investigación fue desarrollada por la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, que tuvieron el apoyo de la Guardia Civil con el arresto del procesado.