Casi 200 fallecidos figuraron entre los beneficiarios de prestaciones por dependencia en Canarias entre 2007 y 2011, con un coste para el sistema público de 817.479 euros, según datos del Tribunal de Cuentas difundidos por el Ministerio tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales.

Canarias es, no obstante, una de las comunidades autónomas con menos descontrol en este aspecto (197 casos), ya que solo otras dos regiones cuentan con menos fallecidos entre sus beneficiarios de prestaciones que el archipiélago (Baleares, 6, y La Rioja, 59).

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un plazo de seis meses a las CCAA para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia, ya que 29.169 fallecidos constaban como beneficiarios, según un informe del Tribunal de Cuentas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, la ministra Ana Mato ha explicado que en la reunión con los consejeros autonómicos del ramo se ha planteado la necesidad de una "mayor transparencia del sistema", después de tratar, entre otros asuntos, un informe del Tribunal de Cuentas.

El documento, que se encuentra en fase de alegaciones y analiza datos desde 2007 hasta 2011, concluye que constan como beneficiarios 29.169 fallecidos por los que las comunidades autónomas recibieron 140.348.268 euros que no les correspondían.

El Tribunal de Cuentas indica que ha habido "falta de comunicación" de esas muertes por parte de las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo que han recibido una "financiación indebida".

Apunta, además, a una "ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización".

Según el informe, Andalucía, Castilla y León y País Vasco -4.194, 4.105 y 3.444, respectivamente- son las comunidades con mayor número de beneficiarios fallecidos, mientras que Baleares, La Rioja y Canarias -6, 59 y 197- son las que menos.

Para Mato, estos datos demuestran que "había que hacer modificaciones en el sistema de dependencia" y que las listas tienen que estar "permanentemente puestas al día".

La ministra ha expuesto a los consejeros que el sistema de la dependencia dará prioridad a la prestación de servicios por encima de las ayudas y ha recordado la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la ley.

Ha subrayado que en la reunión se ha pactado unificar toda la normativa sobre las prestaciones del sistema de la dependencia que quedarán recogidas en un único decreto y que las CCAA plantearán planes de prevención con iniciativas dirigidas específicamente a las personas mayores.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Asturias y Andalucía, han reiterado sus críticas a la reforma de la ley, al considerar que el Gobierno quiere privatizar el sistema de la dependencia.

También Cataluña y el País Vasco se han opuesto al actual modelo de financiación porque las administraciones territoriales aportan mayor cantidad para el desarrollo del sistema cuando en principio debería haber un equilibrio del cincuenta por ciento, en su opinión.

Mato ha negado que esa sea la intención del Ejecutivo y ha subrayado que los socialistas "tratan de equivocar a la sociedad española" pero que el tiempo dará la razón al Gobierno y los ciudadanos verán que se mejora la atención y no pensarán que se les está perjudicando.

Durante el Consejo, que ha durado cerca de tres horas, se ha aprobado, por primera vez, un catálogo de referencia de Servicios Sociales para todo el Estado, que no se trata de una norma, sino de una recomendación.

La titular de Sanidad ha recalcado que el catálogo formaliza un pacto entre el Gobierno y las autonomías en materia de servicios sociales que deben guardar criterios de calidad y sostenibilidad.

Además, ha recordado que en un plazo máximo de seis meses el Ejecutivo aprobará un plan de acción para la inclusión social, que incidirá en apoyar a los colectivos más vulnerables y la lucha contra la pobreza infantil, que se financiará, en parte, con fondos europeos programados hasta 2020.

Por último, el Consejo Territorial ha establecido el reparto de los créditos para la ejecución de los servicios sociales básicos: 27,5 millones de euros para el Plan Concertado y 412.000 euros para el Plan de Desarrollo Gitano.

El siguiente cuadro muestra por comunidades autónomas el número de fallecidos que figuraban como beneficiarios del sistema de la dependencia y el importe derivado de los mismos, según el informe del Tribunal de Cuentas:

CCAA BENEFICIARIOS FALLECIDOS IMPORTE

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Andalucía 4.194 24.199.176

Aragón 2.857 12.724.671

Asturias 1.067 5.354.844

Baleares 6 27.093

Canarias 197 817.479

Cantabria 1.010 5.045.083

CyLeón 4.105 19.377.223

C-La Mancha 724 3.117.989

Cataluña 1.959 8.755.248

C.Valenciana 1.330 7.028.533

Extremadura 357 1.602.182

Galicia 3.389 16.338.154

Madrid 2.647 11.095.289

Murcia 633 3.569.797

Navarra 1.191 5.094.441

País Vasco 3.444 15.960.444

La Rioja 59 240.622

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TOTAL 29.169 140.348.268