La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a 55 personas e imputó a otras 23 por su supuesta vinculación a una red de distribución de sustancias dopantes y anabolizantes en gimnasios. La investigación permitió localizar a un contacto del grupo organizado en Tenerife, que presuntamente sustraía fármacos en un centro sanitario privado de la isla donde trabajaba y posteriormente los remitía a la Península.

Según los datos que trascendieron en la jornada de ayer, el acusado en la isla es un hombre de 34 años que ha trabajado en un centro de diálisis situado en el municipio de La Laguna, concretamente en la zona de Los Majuelos.

Una de las fuentes consultadas señaló que este acusado aprovechaba para sustraer, principalmente, la sustancia conocida como EPO, que estaba almacenada o no era usada en dicho recinto. Dicho producto se usa de forma legal en centros sanitarios para contrarrestar, por ejemplo, la anemia de algunos pacientes. Después, el individuo enviaba el EPO por correo a un distribuidor que operaba en la Península. Su arresto fue desarrollado por agentes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO), que también hicieron un registro en su domicilio.

La operación Escudo, en la que colaboraron los Mossos d''Esquadra, permitió desmantelar una banda de distribución ilegal de las sustancias prohibidas en gimnasios a deportistas "amateurs" y profesionales dedicados en su mayoría al culturismo y el "fitness".

La acción se inició a principios del 2011 cuando la Guardia Civil supo que en una farmacia de Cantabria vendían sin prescripción médica estos productos. El comercio fue sometido a vigilancia y los agentes comprobaron que su responsable se reunía en explanadas del extrarradio de Santander con una persona a la que entregaba cajas de medicamentos. Después, el receptor los distribuía por correo. Un tercer canal de obtención y distribución era a través del comercio clandestino internacional, importando los medicamentos desde Asia y el este de Europa, mediante redes criminales internacionales.

Otras provincias donde actuaron los agentes son Madrid, Girona, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Granada, Málaga, Huelva, Córdoba, Jaén, Ciudad Real, Cáceres, Salamanca, La Coruña, Zaragoza, Vizcaya y Guipúzcoa.