Trabajadores del Gobierno de Canarias afectados por el recorte del 20 por ciento de jornada y salario aplicado por el Ejecutivo dentro de sus planes de reducción del presupuesto han anunciado hoy que interpondrán recursos en los tribunales contra esta medida.

Para mostrar su "completa oposición a la medida", decenas de esos empleados han hecho cola en los registros de las sedes de la Dirección General de la Función Pública en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, donde han presentado sus escritos luciendo etiquetas que imitaban a las que indican los precios de los productos en los comercios con un "-20 %" impreso en ellas.

"Estamos dispuestos a emprender todas las acciones legales disponibles para defender nuestros derechos y pedir que se anule esta medida, por atentar a derechos constitucionales, directivas europeas y la normativa laboral establecida para la modificación de nuestras condiciones", ha dicho Pilar Morán, portavoz de la llamada Plataforma de Empleados Públicos Afectados por el Recorte Salarial.

Los trabajadores a quienes se les ha empezado a aplicar ya este mes el referido recorte, unas 3.300 personas entre personal laboral indefinido y temporal y funcionarios interinos, prevén además desarrollar "todas las medidas de presión en medios de comunicación y acciones de concienciación de la opinión pública que se puedan llevar a cabo", ha apostillado Morán.

Actuaciones similares pondrá en marcha Intersindical Canaria, que emprenderá en fechas próximas tanto acciones jurídicas como protestas encaminadas a "exigir al Gobierno que dé marcha atrás en ese recorte a un sector importante de empleados públicos", según ha dado a conocer en sendas ruedas de prensa que había convocado también en las dos capitales regionales esta mañana.

"Hacer visible el rechazo de los empleados públicos a esos recortes del Gobierno, que perjudican a los trabajadores a quienes se les aplican, pero también a la sociedad en su conjunto porque sufre por esa vía una merma en la prestación de servicios públicos", será la finalidad de esas medidas, según ha expuesto el dirigente de IC Rafael Rodríguez

Este representante sindical ha argumentado que con esas decisiones del Ejecutivo "sufrirá toda la ciudadanía, y en especial colectivos como los parados, que en Canarias son ya el 34 % de la población, activa y previsiblemente llegarán al 40 % a lo largo de este año, porque muchos de quienes ven reducida su jornada son trabajadores del Servicio Canario de Empleo".

Y ha agregado que tanto en ese último servicio como en otros de la comunidad autónoma "el daño puede agravarse en meses próximos, si se ponen en marcha nuevos despidos que se teme que lleve a cabo el Gobierno, que dice una cosa pero hace lo contrario cuando asegura que defiende el empleo y los servicios públicos".

Esas tesis de IC son compartidas por la Plataforma de Empleados Públicos Afectados por el Recorte Salarial, que, según ha indicado su portavoz, quieren "denunciar que están resultando perjudicados los servicios que se prestan a la ciudadanía en áreas diversas", puesto que quienes se ven obligados a trabajar menos tiempo son personal de comedores escolares o centros sanitarios, entre otros.

Plataforma y sindicato también opinan igualmente que el ahorro pretendido por el Ejecutivo con ese recorte podría alcanzarse por otras vías, como la reducción del personal de confianza de sus responsables políticos o la cuantía de sus dietas y otras asignaciones económicas.

Por todo ello, y por creer que la medida es "discriminatoria", en tanto que se aplica solo a un grupo de 3.300 de los 60.000 empleados que tiene en total la Administración autonómica, según ha señalado Morán, ambas organizaciones han insistido en que en semanas próximas proseguirán a intensificarán sus acciones reivindicativas para reclamar que se dé marcha atrás en la decisión del Gobierno.