Aunque con algunos matices en sus intervenciones, los presidentes de los cabildos insulares de Tenerife, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera, Lanzarote y La Palma -el de Fuerteventura se ausentó por una indisposición- denunciaron ayer el "intervencionismo" del Gobierno canario en el proyecto de ley de renovación y modernización turística de Canarias, una norma que comenzará en breve su tramitación parlamentaria y que todos los implicados consideran "importantísima" para los intereses del Archipiélago.

En la Comisión de Cabildos, celebrada ayer en el Parlamento canario, los más contundentes en sus argumentos fueron José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y su homólogo tinerfeño, Ricardo Melchior. Ambos dirigentes coincidieron en que el proyecto de ley da "excesivos" poderes al Gobierno regional y pidieron "valentía" para hacer una norma sencilla.

A la denuncia de las corporaciones insulares se sumaron también, en parecidos términos, los grupos parlamentarios socialista y mixto, respectivamente. Pedro Martín, del PSOE, pidió "más relevancia" de los cabildos, al tiempo que denunció que los ayuntamientos quedan "absolutamente desdibujados", mientras que Román Rodríguez expresó sus dudas sobre la estructura competencial de la norma, sobre la que anunció que presentará enmiendas.

Sin embargo, Domingo Berriel, consejero de Política Territorial, Transportes y Obras Públicas del Gobierno canario, negó el intervencionismo denunciado por las corporaciones insulares, pidió no confundir "principios con ideología" y defendió que las leyes "no son para siempre jamás".