El promotor y empresario afectado por El Varadero, en El Rosario, ha reclamado al ayuntamiento, así como al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife, la cantidad de 4,1 millones de euros de indemnización por haberse cambiado la calificación del suelo de urbanizable a rústico.

De prosperar la denuncia del empresario, Amador Díaz, tendrían que pagar de sus recursos económicos la citada cantidad los acusados formalmente por el Juzgado (a petición del Ministerio Fiscal), que son el alcalde, Macario Benítez Gil; la concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora; la secretaria municipal, María Anita Alonso Martínez, y los concejales socialistas que en 2002 aprobaron el plan parcial, es decir, Laurentino Quintana Estévez, María Elba Delgado Martín, Abel Acosta Armas y Andrés Hernández García.

El grupo de gobierno de El Rosario respeta la decisión del promotor para presentar una reclamación por el Plan Parcial de El Varadero, aunque no entró a valorarla, pero sí afirmó que "la reclamación patrimonial debe desligarse del juicio penal del caso".

El grupo socialista, ante la reclamación patrimonial millonaria formulada por el promotor que iba a urbanizar en su momento la zona de El Varadero, "respeta, como no puede ser de otra manera, esta decisión empresarial, aunque no la comparte".

Para el grupo gobernante en el consistorio, la decisión del empresario "pone de manifiesto que ante las afirmaciones tendenciosas realizadas a lo largo del proceso de investigación judicial, que señalaban una confluencia de intereses entre el empresario y componentes de este grupo de gobierno, han quedado desmentidas y evidencian el interés político de las mismas para desacreditar las actuaciones del alcalde y concejales del ayuntamiento".

El gobierno municipal anuncia que estudiará, a través de los servicios jurídicos municipales, las acciones para actuar en consecuencia ante esta reclamación empresarial.

Cabe recordar que esta historia se inicia con la denuncia de IR-Verdes, con Escolástico Gil al frente, que se traduce en un auto y cuatro sentencias en el TSJC, una sentencia en el Supremo y que esté abierto el juicio oral. A su portavoz le consta que en su día el empresario reclamó una indemnización al ayuntamiento y que le fue desestimada.