Los seis sindicatos con mayor implantación entre los docentes de la enseñanza pública han presentado ante el Gobierno canario un recurso administrativo para que este personal recupere el importe de la paga extra de Navidad, el paso previo para pedir la tutela de los tribunales.

María Perera, una de las portavoces de esta plataforma sindical, compuesta por CCOO, STEC-IC, EA Canarias, FETE-UGT, ANPE y CSIF, ha asegurado a los periodistas que se trata de un "paso previo" a la demanda judicial por la vía contencioso-administrativa y, si ésta tampoco prosperara, los representantes de los trabajadores presentarían una reclamación única ante los tribunales.

En esta reclamación judicial figurarían como denunciantes los presidentes de cada uno de los sindicatos, con el fin de evitar, en el caso de que no prosperara, que las costas repercutieran en los docentes, en lugar de en sus organizaciones.

Otro miembro de la plataforma denunciante, Emilio Armas, ha explicado que el Real Decreto 20/2012, entre otros temas, eliminó la paga extra de diciembre a todos los empleados públicos, una medida que entiende "injusta" porque vulnera la Ley de Presupuestos Generales del Estado, "que fue cambiada unilateralmente por el Gobierno sin el requisito de la negociación colectiva".

"También entendemos que existe otro motivo más para la reclamación, que se argumenta en el recurso, que es que la paga fue eliminada con carácter retroactivo, pues el Real Decreto entró en vigor el 15 de julio y la paga extra de diciembre se empieza a devengar a partir del día 1 de junio", ha agregado Armas.

El portavoz del STEC ha argumentado que en el momento de entrada en vigor de la norma los empleados públicos ya tenían acumulado el derecho, al menos, a ese mes y medio de paga extra y ni siquiera esa parte proporcional se les abonó en la nómina de diciembre.

"El recurso administrativo presenta esa doble argumentación: por un lado reclama la restitución completa de la paga y, por otro, en el caso de que no prospere, por lo menos que se reconozca a recibir la parte proporcional hasta el 15 de julio", ha subrayado el sindicalista.

Emilio Armas ha considerado que el impago de la nómina de Navidad afecta por igual a todos los empleados públicos y, en este tema, los docentes no están "discriminados" con respecto al resto de funcionarios, aunque no por ello dejan de sentirse "igual de injustamente tratados".

Armas ha informado de que los docentes afectados fueron unos 24.000, entre funcionarios y personal laboral, y que han dejado de recibir poco más de 30 millones de euros, ya que cada paga atendía al salario base y a los trienios acumulados.

"Suponemos que la Administración no nos va a contestar de forma favorable, porque sería una sorpresa que cambiara de opinión, pero tenemos que cumplir este requisito para luego acceder a la vía contencioso-administrativo, que es en la que creemos que puede haber un pronunciamiento favorable", ha subrayado el portavoz sindical.

En esa línea, Armas ha explicado que la Administración tendrá tres meses para contestar y ha agregado que, si lo tiene tan claro, espera que conteste con prontitud para inicial cuanto antes la vía judicial.

"Sabemos que, si tenemos que llegar al Constitucional, serán varios años de litigio, pero entendemos que hay bastantes posibilidades de que antes nos den la razón porque son cuestiones que afectan al Derecho Constitucional, ya que está proscrita la aplicación de leyes con carácter retroactivo", ha añadido Armas.

Por su parte, María Perera ha adelantado que no sólo van a reclamar los docentes la última paga de Navidad sino que, de forma progresiva, se irán presentando recursos en otros sectores, empezando por Sanidad y Correos.

"Tenemos esperanzas de que prospere la reclamación dado que, en Portugal, el Tribunal Constitucional dio la razón a los funcionarios", ha concluido Perera.