El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha expresado hoy su rechazo al Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico en España, que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros, porque su aplicación se extiende a todo el territorio nacional, en detrimento de Canarias.

Involcan, en un comunicado, ha criticado que un país con riesgo volcánico como España tenga previsto aprobar este plan diecisiete años después de haber sido solicitado, y el texto se desvíe de la directriz básica aprobada en 1996 en lo que respecta al ámbito territorial de su aplicación.

Según este instituto, en la directriz básica aprobada en 1996 se expresa claramente que el ámbito territorial de este plan se delimita a Canarias, que, desde el punto de vista volcánico, es la única zona activa de toda España.

En la nueva regulación que prevé aprobar el Gobierno español, se establece que en los criterios de planificación de la intervención ante crisis volcánicas está incluido todo el territorio español, cuando la única región española con riesgo volcánico es Canarias, de acuerdo con los criterios establecidos para sucesos probables dentro de los periodos de recurrencia, que es de 500 años como norma y 1.000 de forma excepcional.

Involcan advierte de que con esta normativa el Estado puede justificar, sin problema alguno, que la totalidad de los recursos destinados a la reducción del riesgo volcánico no se delimiten sólo a Canarias y que los recursos humanos de la Administración General del Estado destinados a la vigilancia volcánica en España residan en Madrid y no en Canarias.

Añade que a pesar de ser el Centro Nacional de Volcanología o Instituto Volcanológico de Canarias una entidad demandada unánimemente por el Senado, por el Parlamento de Canarias y por el Congreso de los Diputados con la finalidad de mejorar y optimizar la gestión científica del riesgo volcánico en España, el Plan Estatal no hace mención alguna al mismo.

En opinión de Involcan, ello refleja "el pobre y nulo interés" de la administración central por materializar esta demanda que tiene por finalidad la confluencia en dicha institución de todos los recursos humanos y técnicos que las diferentes administraciones destinan a la gestión científica del riesgo volcánico en España.