El Gobierno de Canarias debió pagar el año pasado unos 4,8 millones de euros -según los afectados- en las denominadas ayudas agroambientales, que tenían que haberse repartido entre 5.800 explotaciones agrícolas de toda Canarias. Pero no lo hizo. La semana pasada, además, anunció que tampoco lo piensa hacer, para matizar ayer mismo que desde hoy busca una solución. La razón es que de haberlas autorizado en 2012 -cuando debió pagarlas-, las Islas hubieran incumplido el objetivo de déficit -apuntan fuentes del sector primario-, lo que habría acarreado la posibilidad cierta de que el Estado interviniera la comunidad. Para evitarlo, el Ejecutivo autonómico anuló el pago de esta partida. Y así, el sector "primario" dejó de serlo para convertirse en secundario frente al cumplimiento del déficit.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Pedro Molina, denuncia indignado que los productores canarios acogidos a estas subvenciones de duración quinquenal inscritas dentro del Programa de Desarrollo Rural de Canarias -y cofinanciado con recursos europeos- contaban con este dinero porque en 2011 habían cumplido con todos los requisitos impuesto por la ley.

Molina se refiere, en concreto, a las ayudas correspondientes a 2011, incluidas en los Presupuestos Generales de Canarias de 2012. Por ese motivo, los ganaderos y agricultores canarios comprometidos con los métodos tradicionales de producción iniciaron las actuaciones exigidas por el programa confiados en que recibirían estos fondos, por lo que ahora están "atrapados" con los gastos sin llegar a cobrar las subvenciones.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas admite que el pago está pendiente de realizarse, pero deja claro que lo tramitó en tiempo y forma e inscribe esta demora en las actuaciones de la Consejería de Economía y Hacienda para el cumplimiento del objetivo del déficit.

El departamento que dirige Javier González Ortiz no niega que se hayan "tomado medidas" para asegurar el cumplimiento del déficit, pero no confirmó que el retraso de esta partida en concreto se deba a este motivo.

En cualquier caso, el departamento de Juan Ramón Hernández aclaró ayer mismo que Economía y Hacienda prometió enviarle hoy un informe "exhaustivo" para encontrar una pronta solución al asunto.

Aunque estas ayudas tengan un periodo de vigencia de cinco año, los agricultores y ganaderos las solicitan en cada ejercicio. Y es que cada año están obligados a mantener una certificación para sus granjas y fincas que pruebe que están empleando semillas y animales canarios y métodos tradicionales de explotación en el Archipiélago.

La Administración, conocedora de las obligaciones de los productores, les avisó la semana pasada de que la partida, que ya llevaba un año de retraso, cuenta con "cero euros" para este año, por lo que no la cobrarían. Molina, que ayer habló con el presidente regional, Paulino Rivero, confía en que el asunto encuentre una solución.