El grupo XTF en el Ayuntamiento de La Laguna, a través del concejal Santiago Pérez, anunció ayer en rueda de prensa que presentará una demanda ante los tribunales, por la vía contencioso-administrativa, reclamando que el servicio de suministro de agua, depuración y alcantarillado se cobre a los vecinos del municipio "a través de una tasa" y no mediante una tarifa, como ocurre hasta ahora.

Santiago Pérez fundamenta la posición de su grupo en la sentencia del 3 de diciembre de 2012 del Tribunal Supremo, favorable al Ayuntamiento de La Orotava, y que explica cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional, según la sentencia 185/1995, en cuanto a determinar cuándo un servicio es de recepción obligatoria o no.

En este sentido, se entiende que lo es cuando resulta "imprescindible para que las personas disfruten, con arreglo a las circunstancias sociales, de elementos necesarios para su vida cotidiana", como es el abastecimiento de agua.

De esta manera, y en opinión de Santiago Pérez, se concluye que un servicio es de recepción obligatoria, sea cual sea la forma de gestión, y por lo tanto ha de cobrarse "por medio de una tasa".

Ahora bien, también dejó claro el edil que para fijar una tasa por el pago de este servicio, probablemente el ayuntamiento deba recuperar el control de la gerencia, una función que desempeña el socio minoritario de la empresa mixta, es decir, Teidagua.

Y es que el techo máximo de la tasa lo establece la gerencia en virtud del coste real del servicio, de forma que "si al fijarlo se inflaran los costes se estaría incurriendo en un delito que puede llegar a ser de carácter penal: el de la exacción ilegal", subrayó Pérez.

El concejal de XTF sostuvo, además, que el grupo de gobierno "jugó de farol" y faltó "flagrantemente" a la verdad cuando le respondió con una falsedad en el pleno del pasado jueves, día 17, al asegurar que la sentencia 185/1995 establecía que esos servicios se podían cobrar por una tasa o también mediante otro concepto.

Santiago Pérez considera que "la garantía de una minoría en democracia es el poder judicial", lo que no significa judicializar la vida política, sino un mecanismo de garantía democrática.