El Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, recogido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, establece en su exposición de motivos como ejes básicos el refuerzo de las prestaciones del Estado del bienestar, el incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas, así como el aumento de la autonomía y la mejora del sistema y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos.
Sin embargo, la CEOE entiende que este sistema se ha mostrado claramente deficiente en la consecución de estas metas, ya que las desigualdades entre regiones desde su aplicación no se han reducido. En Canarias, agrega la patronal, "no ha servido sino para aumentar la brecha con respecto a la media española en lo referente a las necesidades de financiación de la Comunidad, ya que la divergencia entre los ingresos y los gastos de nuestra región se han incrementado".
Además, los canarios han aportado a la solidaridad entre las regiones españolas en 2010, ya que según los datos de la renta disponible bruta de los hogares en Canarias, ésta se situó en ese año en 12.448 euros por habitante, por debajo de la media estatal, que fue de 14.959 euros, en tanto que la renta bruta disponible se fijó en 2,4 puntos inferior al Producto Interior Bruto en 2010.
"Sin perjuicio de la necesidad de acometer reformas en la Administración por la vía del gasto para lograr la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y ante la situación actual que deja a Canarias con una tasa de paro del 33,6%, se hace necesario un sistema de financiación autonómico que se adecue a la realidad económica y social de nuestra región, para que a través de unos presupuestos destinados a la inversión y a la reactivación económica se haga realidad la cohesión territorial", argumentan los empresarios.
Igualmente, la CEOE afirma que la ley de financiación no recoge las peculiaridades isleñas consagradas en el REF, por lo que, advierte, "se deberá cumplir los requerimientos de inversión recogidos en nuestro régimen y proceder a modificar el sistema de financiación autonómica de manera consensuada".