El Gobierno central, a través de la Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, está cursando unas respuestas escritas a los vecinos de Vilaflor que solicitaron ayudas estatales por los daños del incendio del pasado mes de agosto en las que deniega esas indemnizaciones. El director de ese departamento, Juan Antonio Díaz Cruz, argumenta (según una carta facilitada a EL DÍA) que los solicitantes "no han acreditado la prestación personal o de bienes con motivo de que se diese una situación de emergencia en virtud de los documentos aportados", lo que fue criticado ayer por el portavoz de ASSPPT, José Luis Fumero.
Según el edil, la denegación atenta contra todos los residentes que se vieron afectados por las llamas, bien directamente en sus propiedades y cultivos o aportando medios, como los depósitos de agua. A su juicio, se trata de un engaño y una situación inaceptable tras lo anunciado por las distintas autoridades cuando el fuego invadía los montes del municipio, Adeje y Guía de Isora.
Fumero considera la resolución "una tomadura de pelo" que atenta contra los derechos de los afectados. En este sentido, recuerda que los vecinos presentaron las pertinentes reclamaciones en los ayuntamientos en función de la destrucción de cultivos y de infraestructuras de regadío, así como de la sustracción de agua de embalses para apagar el fuego, "lo que derivó en una menor producción agrícola debido a que no se pudo regar de forma regular con un agua que, por otra parte, fue pagada a un alto precio, con lo que esto supone para los pequeños productores".
El exalcalde considera que la petición de ayuda estaba totalmente justificada, al tiempo que censura que la única opción que dé el Ministerio sea presentar un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses o uno de reposición en un mes. "Esto es ya de risa, ya que, aparte de la alteración económica producida, los afectados deben disponer ahora de dinero para abogados, procuradores y otros que implementarían este latrocinio y que sabemos de antemano que no va a prosperar".
Fumero propone que el Gobierno regional y los consistorios recurran la resolución. De hecho, culpa a la comunidad del incendio por recortar los medios en este ámbito.