El Consejo de Administración de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) planteó en su última reunión la necesidad de reducir otros 2,8 millones de euros de coste durante este ejercicio. La mayor parte de ese dinero se detraerá del gasto en personal de la empresa pública del Cabildo.

La formalización de la aplicación de esta medida se producirá en breve, por lo que en febrero se abrirá un nuevo periodo de negociación con el Comité de Empresa, un diálogo que ya se presenta "delicado" por la oposición que los representantes de los trabajadores trasladaron desde el primer momento a la propia compañía, según las fuentes consultadas.

El portavoz del sindicato mayoritario en Titsa, Virgilio Gómez, explicó que la plantilla considera que "con la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), desde el 1 de junio pasado y hasta 2016, los trabajadores aportamos lo que nos corresponde en este periodo de crisis".

Aunque todavía no ha trascendido en qué pretende aplicar Titsa la reducción económica hasta alcanzar los 2,8 millones de euros, "lo que nos ha llegado es que quieren quitarnos el equivalente a una paga extraordinaria".

Para Virgilio Gómez, este nuevo reajuste "debe mirar hacia otro lado", aludiendo así "a que debe tener en cuenta que el Cabildo adeuda a la compañía todavía 35 millones de euros".

Como resultado del conflicto surgido el año pasado, la plantilla de Titsa tiene suspendido el plus de productividad durante cuatro años, siéndole de aplicación las reducciones salariales promovidas por el Gobierno central a los empleados públicos.

Ese conflicto también se saldó con el mantenimiento de los salarios y de los puestos de trabajo, evitando el despido de 117 trabajadores planteado por Titsa al presentar el expediente de regulación de empleo (ERE), 113 de ellos, conductores.

El secretario federal nacional de Transportes de Intersindical Canaria (IC), Virgilio Gómez, dijo que "la última palabra la tiene la plantilla", que será consultada una vez que Titsa comunique pormenorizadamente "de dónde quiere recortar los 2,8 millones de euros". A su juicio, "este es un nuevo sacrificio económico que no nos corresponde hacer".

La empresa pública optó ayer por mantener silencio sobre esta materia.