El Gobierno de Canarias ha informado de que el Estado ha endurecido este año los requisitos para acceder a las prestaciones económicas de dependencia por cuidado en el entorno familiar.

Un comunicado de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda indica que ya durante 2012 se rebajó en un 15 por ciento el importe de las prestaciones económicas por el cuidado en el entorno familiar y se eliminó su aportación a la Seguridad Social.

En 2013, según el Gobierno canario, se vuelven a restringir el acceso a esta prestación y recuerda que las ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar son aquellas que se designan a sufragar las atenciones prestadas a personas en situación de dependencia en su domicilio por personas de la familia o de su entorno, y que no están vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

El Gobierno canario indica que a partir de este año, se exige que el cuidador haya estado cuidando de la persona dependiente al menos un año antes de la solicitud, y que conviva permanentemente con él.

Además, se exigirá un compromiso para que el domicilio esté permanentemente disponible a la inspección de los Servicios Sociales.

En cuanto al efecto retroactivo de la prestación, el Estado establece que ya no valdrá con obtener una resolución sino que será necesario que ya se le hubiera adjudicado una prestación a la persona dependiente.

La Consejería indica en el comunicado que el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que el abuso en la prestación económica por cuidado en el entorno familiar ha desvirtuado la Ley y apuesta por los servicios que ofrecen mayor calidad, previenen el incremento de la dependencia y crean más empleo, que ha sido, añade la nota, la postura que siempre se ha defendido desde el Gobierno de Canarias.

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, afirma en la nota que las comunidades autónomas han estado otorgando la ayudas económicas en vez de los servicios, "que son mucho más caros. Pero eso es pervertir la ley, ya que tal y como recoge en su artículo 14, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, constituye una excepcionalidad a la norma que prima los servicios".

Según Rojas, la Ley de Dependencia estipula la colaboración del Estado con el 50 por ciento el gasto, pero no tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el sistema estatal de la dependencia, y ese, añade la consejera, es uno de los motivos por el que algunas comunidades están apostando por las prestaciones económicas, que la ley establece como una excepción, ya que aquí el Estado sí aporta el 50 por ciento.

La Consejería indica que el recorte, que en Canarias ha sido de 8 millones de euros menos que en 2012, ha impedido ampliar el número de personas que tienen derecho a estas ayudas y ha supuesto el bloqueo en la incorporación de nuevos beneficiarios de tal forma que, salvo en caso de bajas de usuarios, no se producirán nuevas incorporaciones a las ayudas.

Añade que Canarias ha hecho un esfuerzo para atender las 13.000 plazas residenciales y de estancia diurna para personas dependientes, mayores o con discapacidad y alrededor de 12.000 prestaciones económicas, así como evitar el cierre de los recursos de atención a personas mayores ni a personas con discapacidad en la Comunidad autónoma.