Los ayuntamientos de los cinco municipios más poblados de las Islas -Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde y Arona- han progresado lentamente en transparencia desde 2008, aunque no lo suficiente y siempre a menor ritmo que la media nacional. El último informe sobre las corporaciones locales de la ONG Transparencia Internacional, correspondiente al año 2012, ofrece resultados desiguales para las administraciones isleñas, que en su conjunto obtienen un promedio del 61,5 sobre cien, frente al 70,9 de las 110 instituciones españolas analizadas.

Ningún ayuntamiento canario figura entre los ocho que consiguen "matrícula de honor" -cien sobre cien-, pero el de Arona se sitúa en el puesto 29 del ranquin con 91,3 puntos. Es, con diferencia, el consistorio más transparente de los cinco del Archipiélago incluidos en el informe, seguido por los de Las Palmas de Gran Canaria (88,8) y Santa Cruz de Tenerife (76,3). Por contra, destacan por lo negativo de sus resultados las corporaciones de Telde (17,5 puntos) -la peor del país tras Ciudad Real y Teruel- y La Laguna (33,8). Son estas dos localidades las que arruinan el índice global de las Islas, pues los otros tres han experimentado significativas mejoras.

Para elaborar el informe, Transparencia Internacional España -que se define como la única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción- ha estudiado seis áreas de la actividad municipal: la información sobre la corporación, las relaciones con los ciudadanos y la sociedad, los aspectos económico-financieros, las contrataciones de servicios, el urbanismo y las obras públicas y, finalmente, los indicadores relacionados con la futura ley de transparencia.

Los ocho municipios que sobresalen en transparencia son Alcobendas, Bilbao -el único que en el primer estudio, del año 2008, obtuvo cien puntos-, Gandía, Gijón, Oviedo, Ponferrada, Sant Cugat del Vallés y Torrent.

La ONG parece satisfecha de los resultados: resalta que los ayuntamientos mantienen su nivel de transparencia -la media incluso ha mejorado ligeramente desde 2010- pese a que en esta ocasión se les ha exigido más información, entre ella la relativa al cumplimiento de una ley que ni siquiera está aún en vigor.