El Observatorio de la Dependencia denunció ayer, en su último dictamen, el "desmantelamiento" de la aplicación de la ley que están llevando a cabo algunas comunidades y calificó con un suspenso la actuación de Canarias, tildándola de "muy deficiente" por no aplicar las prestaciones y servicios, "poniendo a los ciudadanos en una situación de desprotección". Comparten este "honor", además, la Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón.

"A nivel general continúa registrándose una tendencia muy negativa en la implantación de la ley, con especial preocupación ya no en el estancamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), sino en el retroceso en los principales indicadores, que ya no mantienen en los últimos cuatro meses ni la tasa de reposición, siendo alarmante el ritmo de desmantelamiento que presentan en esos indicadores algunas CCAA", señala el dictamen.

En este sentido, destaca "el empecinamiento" de la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con calificación de muy deficiente, "en no aplicar las prestaciones y servicios" que la ley contempla, "poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica".

Asimismo, destaca el descenso en el ranquin de alguna comunidad, como es el caso de Aragón, que por primera vez en los seis años suspende, o Castilla La Mancha, que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado. Por el contrario, el observatorio señala que Castilla y León, País Vasco y Andalucía destacan notablemente en la aplicación de la ley, y reconoce la mejora de Navarra y Galicia.

Además de estos "graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras comunidades", el observatorio destaca que la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier territorio) se va distanciando cada vez más del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que las personas dependientes están recibiendo, lo que considera "preocupante".

Para el observatorio, este "frenazo" en la financiación del SAAD se percibe en el gasto por habitante/año para esta política social, "estancado" en 113 euros por habitante y año, así como en la reducción del aporte por dependiente atendido, que se redujo hasta los 7.000 euros por año y dependiente atendido.

Respecto a la política del Gobierno, se critican las llamadas "reformas para la mejora del sistema", y especialmente la modificación de la ley que se produjo por Real Decreto-ley en julio, que, a su juicio, "no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación del Estado a las CCAA", así como "la obsesiva presión a las CCAA para que reduzcan el gasto público. El SAAD se está demoliendo por la parte económica desde la ceguera y la falacia de que esta es una política de gasto insostenible", dijo.

De hecho, según la asociación, los datos oficiales indican que "de la paralización del sistema se está pasando a su involución". Así, a 31 de julio de 2012, figuraban como atendidas (con PIA) un total de 780.536 personas, mientras que el último dato publicado (1 de diciembre) constata un total de 770.949 personas con atención. Es decir, en los cinco meses que pasaron desde la aprobación del Real Decreto-ley, se cayeron 9.587 personas del sistema.

Esta reducción en el número de personas atendidas se traduce en 230.203 personas en el "limbo de la dependencia" (personas con derecho a atención, pero que no la reciben), que ya representa el 23% de las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas. Esta cifra representa una reducción respecto a 2010, lo que, según la asociación, el Gobierno trató de "vender" como un descenso en más de 75.000 personas en este "limbo" fruto de las reformas.

Sin embargo, el observatorio razona que la reducción es "un espejismo estadístico" producido por las bajas resultantes por una parte de la modificación del calendario de la ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta el 2015 y de la baja de aquellas personas que durante todos esos meses han ido falleciendo. "El limbo no se ha reducido por atender a más personas, sino por abandonarlas", señala el dictamen.

Este limbo también varía considerablemente de unas comunidades autónomas a otras. Así, las Comunidades de Castilla y León (4,4%), Ceuta y Melilla (6,8%), La Rioja (10,7%), Cantabria (10,7%) y Navarra (12,1%) son los territorios que menos porcentajes de lista de espera presentan actualmente. En otras CCAA el porcentaje del limbo de la dependencia está muy por encima de la media estatal. Es el caso de Canarias (50,9%), Baleares, (41,2%) Galicia (37,1%), Comunidad Valenciana (33,4%) y Aragón (30,4%).

En el plano positivo, se constata que muchos territorios están llegando al techo de reconocimientos de dependencia. Para la asociación, esto quiere decir que "la lógica implantación progresiva" de la Ley ha dado como resultado que en este momento se disponga de la información necesaria y actualizada de la situación de 1.272.846 personas en situación técnica de dependencia.

El Gobierno regional asegura que el Estado ha endurecido los requisitos para las ayudas

El Gobierno de Canarias aseguró ayer que el Estado ha endurecido este año los requisitos para acceder a las prestaciones económicas de dependencia por cuidado en el entorno familiar. Un comunicado de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda indicó que ya durante 2012 se rebajó en un 15 % el importe de las prestaciones económicas por el cuidado en el entorno familiar y se eliminó su aportación a la Seguridad Social.

En 2013, según el Gobierno canario, se vuelven a restringir el acceso a esta prestación y recuerdó que las ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar son aquellas que se designan a sufragar las atenciones prestadas a personas en situación de dependencia en su domicilio por personas de la familia o de su entorno, y que no están vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

El Gobierno canario indicó que a partir de este año, se exige, entre otras cuestiones, que el cuidador haya estado cuidando de la persona dependiente al menos un año antes de la solicitud, y que conviva permanentemente con él.

Además, se exigirá un compromiso para que el domicilio esté permanentemente disponible a la inspección de los Servicios Sociales.

La Consejería responsable del área indicó en el comunicado difundido ayer entre los medios de comunicación que el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que el abuso en la prestación económica por cuidado en el entorno familiar ha desvirtuado la ley y apostó por los servicios que ofrecen mayor calidad, previenen el incremento de la dependencia y crean más empleo, que ha sido, añadió en la nota, la postura que siempre se ha defendido desde el Gobierno de Canarias.