El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz trabaja ya en el proceso para regular la situación de los más de 30 locales de propiedad municipal que están cedidos en uso a diferentes colectivos culturales, deportivos, juveniles y vecinales. La edil de Hacienda del consistorio, Sandra Rodríguez (CC), detalló a EL DÍA que la intención del grupo de gobierno es revisar y formalizar las condiciones de cesión para que los colectivos colaboren en el mantenimiento de los locales.

"Queremos sensibilizar a los colectivos de que se trata de un patrimonio público que se les ha cedido gratuitamente. Nuestra intención es que el uso que se les dé sea el adecuado y que, además, colaboren con el mantenimiento y los costes, especialmente en un momento en el que los recursos son muy escasos", detalló.

Rodríguez destaca que el gobierno portuense (CC-PP) pretende "ordenar el uso del patrimonio municipal y ayudar a los colectivos con la cesión de locales en un momento en el que el plan económico financiero y el plan de ajuste impiden la concesión de subvenciones".

En este procedimiento de revisión, el consistorio descarta por completo el cobro de alquileres, "ni siquiera simbólicos". Lo que sí estará sobre la mesa y se debatirá con los colectivos implicados es la posibilidad de que asuman los gastos de agua y electricidad.

"Una vez que se regularice la situación, sí sería posible que los colectivos pasaran a su nombre los contratos de agua y electricidad, lo que también ayudaría a reducir el consumo. En todo caso, hay asociaciones que han mostrado su voluntad de asumir esos gastos y en algunos acuerdos de cesión también se incluye".

"Evidentemente, el número de locales es limitado y es posible que no todos los colectivos puedan disfrutar de un local para su uso exclusivo", advirtió la edil.

Rodríguez recordó que todos los colectivos están actualmente en locales cedidos "en precario", por lo que "si el ayuntamiento determina que necesita algún local para otro fin, podrá recuperarlo siguiendo el procedimiento legalmente establecido".

Este proceso de regularización también servirá para establecer un reglamento de uso compartido de los locales, "en los casos en los que sea posible".