El Pleno de ayer comenzó con una actitud conciliadora, con muchas ganas de llegar a propuestas consensuadas. Prueba de ello fue la moción institucional sobre las trabajadoras de Mararía, que se alcanzó por unanimidad de todos los grupos políticos.

El texto de la moción aprobada propone "que se saque a procedimiento de adjudicación, en el plazo legal más breve posible y atendiendo a las diferentes situaciones jurídicas, el servicio de ayuda a domicilio de personas dependientes"; "que dicho proceso garantice los puestos de trabajo y la contratación de las trabajadoras" de Mararía, de acuerdo a la legislación vigente; "que se realicen los pagos de forma inmediata, con un plazo máximo de 45 días, de los salarios pendientes", y "que el gobierno municipal mantenga informadas a las trabajadoras de forma periódica".

Aunque se produjo un debate e incluso un intercambio de acusaciones de los grupos políticos, finalmente el texto se aprobó por unanimidad.

La concejal de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, planteó que se modificara la redacción inicial de la moción para que los plazos de la tercería se les ampliara "por prudencia" de 30 a 45 días.

También se produjo un debate sobre si era posible o no subrogar a estas trabajadoras. Asún Frías, de Sí se Puede, pidió que "se solventara el problema sin engaños" a las trabajadoras. La edil explicó que expirados los seis meses de la finalización del contrato no se podía obligar a la empresa entrante a que se las subrogara.

Tanto Zaida González (Partido Popular) como José Manuel Corrales (IU-XTF) recordaron mociones que habían presentado y rechazó el grupo de gobierno municipal. En el primer caso, la solicitud de una ayuda de emergencia y, en el segundo, de una enmienda a los presupuestos para que se hiciese frente al pago de los salarios.

González pidió responsabilidades políticas a los concejales que habían pasado por Asuntos Sociales. A José Manuel Arocha, "por no pedir los certificados a la Seguridad Social", y a José Ángel Martín, por alcanzar acuerdos con las trabajadoras para subrogarlas sin saber si esto es posible.

"Siguen sin decir qué van a hacer con las trabajadoras de Mararía", se quejó González. La concejal popular pidió "que diga cómo va a garantizar los puestos de trabajo", porque consideró que "el secretario del Pleno es ambiguo" en su informe sobre si es posible o no la subrogación.

Álvarez reiteró que se estaba trabajando para el pago de la tercería (para el pago de un mes de salario a las trabajadoras de Mararía). No obstante, mencionó que ayer mismo había recibido una solicitud de la Seguridad Social para que el ayuntamiento le abonara 700.000 euros.

La edil manifestó su intención de pagar la tercería directamente a las trabajadoras y lo que sobrara dárselo a la Seguridad Social, con la que la empresa tiene una deuda de casi tres millones de euros.

"Garantizamos los puestos de trabajo. La fórmula ya se verá", contesto Álvarez, que aseguró que se había formado una comisión técnica para estudiarlo.

Decreto para arreglar las fachadas de La Candelaria

El Partido Popular presentó ayer una moción para que se llevaran a cabo por vía de urgencia "los trabajos de reparación para detener el deterioro de las condiciones de habitabilidad y salubridad de las viviendas de La Candelaria".

Sin embargo, el grupo de gobierno municipal manifestó que este mismo jueves había firmado un decreto para la "declaración de emergencia de las actuaciones" en las fachadas de la barriada de La Candelaria.

La concejal de Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz, Ángela Mena, explicó que "el día 17 de mayo solicitamos a Fomento la autorización para generar o realizar actuaciones con cargo al ARU de La Candelaria".

Asimismo, invitó a la edil Ana Zurita a que se incorpore al equipo de trabajo de la reposición de esta barriada.

"Ustedes han tratado de convencer a los vecinos con falsas verdades", dijo. "La gente de La Candelaria son humildes pero muy nobles. No tienen la capacidad para poder discernir entre lo que dicen ustedes y lo que decimos nosotros", concluyó Mena.

El decreto del alcalde establece que el plazo de inicio de la ejecución "no podrá ser superior a un mes" y que el gasto se abonará con cargo al ARU.