La diputada autonómica del Partido Popular y portavoz de Política Social y Vivienda, Milagros Bethencourt, criticó ayer la "incoherencia" del Gobierno de Canarias y su "doble discurso" en materia de políticas sociales, y exigió la dimisión de la consejera Inés Rojas. "Jamás ha creído en esta ley, y ha ubicado nuestro sistema regional de atención a la Dependencia a la cola del país", aseguró Bethencourt.

En este sentido, recordó que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha suspendido al Gobierno de Canarias en la aplicación de la Ley de Dependencia y ha criticado que se siga primando la ayuda asistencial y la atención familiar, en lugar de potenciar la creación de puestos de trabajo y una red de atención profesional.

"La consejera tiene de plazo hasta finales de 2013 para adaptar a la Ley nacional su sistema canario de atención a la dependencia, del que ella presume siempre que tiene ocasión, pero que mantiene a casi 42.000 canarios, según el Imserso, más de dos tercios de los solicitantes de ayudas, esperando por una respuesta", señaló Milagros Bethencourt.

"De hecho, hay 30.000 canarios reconocidos como dependientes por el Gobierno que carecen de programa individual de atención, condición imprescindible para acceder al servicio o prestación que establece la Ley, circunstancia solo achacable a este gobierno", apuntó.

Bethencourt apuntó que los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad revelan que 197 de los 11.000 perceptores de ayudas de dependencia en las Islas eran parte del sistema pese a haber fallecido. "Se nos plantea la duda más que razonable de si estas prestaciones se llegaron siquiera a tramitar, dado el retraso que acumula la Consejería", dijo.

"El primer problema que debería resolver Rojas es la burocracia desmedida de la Consejería, cuyos gastos de funcionamiento consumirán en 2013 casi 90 millones de los 288 de que consta su presupuesto", afirmó la diputada.

"Cuando está delante de la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, la consejera dice estar a favor de enfocar las ayudas a la creación de empleo, pero la realidad es que en las Islas reina el más absoluto descontrol, y toda su política se orienta al victimismo y a la petición de más dinero", concluyó.