Raro es el municipio de Canarias en el que no hay pendiente de construcción o se encuentra a medias algún tipo de infraestructura sanitaria. La crisis y el consiguiente recorte económico lo primero que se llevaron por delante fue este tipo de inversiones que ahora languidecen a la espera de que lleguen fondos para hacerlos realidad.

EL DÍA ha querido profundizar en esta circunstancia y averiguar cuáles son sus principales consecuencias; para ello ha preguntado a los sindicatos con mayor representatividad en el ámbito sanitario y al máximo representante del colectivo médico en la provincia.

Precisamente, para el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, la razón principal de que se hayan producido derroches de todo tipo en la sanidad pública canaria radica en "la mala planificación, que no ha variado desde la época en la que se transfirieron las competencias".

"El problema es que aquí nadie parece tener en cuenta que un hospital gasta 2,5 veces más de lo que cuesta construirlo. Si en Tenerife no se acaban las obras del norte y del sur y la última fase del hospital de La Candelaria aún no se entrega porque falta dinero para pagar al constructor, lo que puede venir después puede ser peor", alerta Martín, para quien la clave del problema está en que "durante mucho tiempo se han hecho muchas infraestructuras sin pararse a pensar y sin tener en cuenta lo que verdaderamente costaban, y ahora, que no hay dinero para nada, queda todo al descubierto y sin posibilidad de solución".

Desde una visión completamente diferente, el portavoz del sindicato UGT, Francisco Bautista, puso el acento en el partidismo que, a su juicio, predominan en las decisiones que toma la Consejería de Sanidad.

"Históricamente se han ido creando centros de salud según el gobierno municipal que hubiera en ese momento, y eso es una vergüenza. La planificación sanitaria nunca se ha hecho en base a la realidad que existía, sino por objetivos y colores políticos, y eso genera que haya servicios infrautilizados mientras otros están saturados o que se construyan quirófanos que luego no se pueden poner en funcionamiento porque no cumplen con la legislación, o en Gran Canaria, que tiene un gran hospital perfectamente dotado pero con unidades cerradas porque no son necesarias".

Y es que Bautista cree que la idea de que tengan que cerrarse centros y servicios que están funcionando no es descabellado, puesto que "si no hay dinero esto será lo primero que caerá. No se podrá costear lo ya construido ni terminar lo que está a medias".

Continuando con el lastre económico que están suponiendo las infraestructuras a la Consejería de Sanidad, el representante de Comisiones Obreras, José Alonso Rodríguez Tapias, muestra su preocupación por la falta de una planificación.

"El Plan de Infraestructuras está caducado desde 2010, pero es que, además, nunca se le ha impulsado ni dado relevancia por las rivalidades políticas. Por si fuera poco se hizo una mala utilización de los recursos y en muchas ocasiones se invirtió donde no hacía falta y se dejó para más tarde lo que era prioritario", manifestó antes de insistir en que "el recorte en infraestructuras ha sido importante, pero no menos lo ha sido el que ha habido en el capítulo de personal, lo cual no deja de ser paradójico, puesto que si ahora se terminaran los hospitales del norte y del sur, por ejemplo, no habría posibilidad alguna de dotarlos de una plantilla, y sacarlos de los hospitales que ya funcionan sería un estropicio".

Así, Rodríguez Tapias entiende que la única vía de mejora pasa por que "haya un cambio en la voluntad política y no se mantengan los errores del pasado", recalcando la necesidad de "alcanzar un pacto social que permanezca inalterable aunque cambien los gobiernos, que sea de obligado cumplimiento y del que formen parte todos los agentes que están vinculados a la sanidad pública".

Abundando en los errores de gestión, la presidenta de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, Patricia Hernández, no se quedó solo en los relacionados con las infraestructuras, sino que denunció la "dejadez que hay en la toma de medidas que no generan ninguna productividad, como el incremento de la jornada laboral, las derivaciones a la sanidad privada o mantener los incentivos a los cargos directivos del Servicio Canario de Salud (SCS), que se crean y mantienen para el pago de determinadas fidelidades y que a veces generan situaciones como que a un directivo se le asigne un plus económico por coordinarse a sí mismo".

Sin embargo, para Patricia Hernández el aspecto más grave radica en la "mercantilización".

"No se puede obviar que la sanidad pública no es una mercancía. La asistencia jamás debería medirse por criterios económicos, pero en Canarias se utiliza como si se tratara de un negocio. Por eso no basta con que el Gobierno de Canarias defienda el carácter público de los servicios sanitarios, sino que tiene que plantarse hasta el Gobierno español y demostrarlo. Hasta que eso no suceda todo lo demás es una utopía y en poco o nada se diferencia un gobierno del otro", subrayó.

No obstante, esta representante sindical insistió en recordar que "los problemas de gestión son anteriores a la crisis".

Como representante del colectivo de enfermería, la representante de Satse en este debate, Ramona Mendoza, identificó en el poco caso que se le hace al personal el origen de todos los problemas de planificación y, en consecuencia, de gestión.

"Las medidas se toman y se hacen a espaldas de los profesionales y se desprecia el hecho de que son el mejor valor que tiene la sanidad pública. No solo no se escucha a los trabajadores, sino que además se les maltrata", dijo.

Mendoza lamentó "el tiempo y el dinero perdido en obras faraónicas como las del hospital de La Candelaria, que están proyectadas desde los años 80 y que aún no se han terminado", asegurando que "son el más fiel reflejo e imagen de lo que es y de cómo funciona y sigue funcionando el SCS, por no hablar de esos cajones prefabricados donde se pasa consulta de urgencias en El Mojón".

Respecto a la paralización de infraestructuras en construcción como consecuencia de los recortes económicos, esta enfermera del hospital de La Candelaria reconoce que, "como la sanidad pública supone casi el 50% o incluso más de la mitad de todos los fondos con los que cuenta un gobierno, consideran que ahí se puede aguantar mejor un tajo porque es donde más dinero hay e incluso quitan dinero de aquí para ponerlos en Función Pública o donde sea, pero estoy convencida de que ni se lo plantearían si lo que prevaleciera fuera el mantenimiento de los servicios básicos para la ciudadanía".