Un auto dictado el pasado 21 de enero por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife considera que la adjudicación por parte del Gobierno de Canarias del servicio de seguimiento de medios a la empresa Iniciativas de Comunicación de Canarias SL (ICC), propiedad de Enrique Gutiérrez Fárez, podría presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.
En el citado auto, el juez instructor ha dispuesto que tendrán que declarar por este asunto, en calidad de testigos, el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, el citado propietario de ICC SL, Enrique Gutiérrez Fárez, y el jefe del Servicio de Asuntos Generales de la citada Viceconsejería.
La resolución es consecuencia de la denuncia que Editorial Leoncio Rodríguez SA, titular de la cabecera del periódico EL DÍA, eldia.es y El Día TV, interpuso ante el juez, a finales de 2012, por dos presuntos delitos, ambos relacionados con la adjudicación a ICC SL del servicio de seguimiento de medios por parte del Ejecutivo regional.
Según esta denuncia, la compañía de Fárez carece de autorización de algunas de las empresas informativas a las que hace el seguimiento, vulnerando sus derechos de propiedad intelectual.
Las prescripciones técnicas fijadas por el Ejecutivo canario para la contratación del seguimiento de medios de comunicación fijan que la empresa ganadora del concurso no solo debe presentar un resumen de las noticias del día, sino que el servicio afecta a contenidos enteros de los medios de comunicación. Y para ello, ICC SL no tiene autorización de Editorial Leoncio Rodríguez SA.
La denuncia alerta también de que podría haberse producido un presunto delito relativo al "fraccionamiento" de contratos prohibidos, pues para el mismo servicio el Ejecutivo convocó dos concursos públicos en los que resultó adjudicataria ICC SL.
Pero no es solo la citada empresa informativa la única que ha llevado al Gobierno a los juzgados por este asunto. Según fuentes consultadas por este periódico también lo hizo el pasado viernes MACAE Mantenimiento SL, entidad que administra la cadena de televisión denominada Mírame TV, propiedad de Manuel Artiles. Al igual que Editorial Leoncio Rodríguez SA, la citada entidad deja claro en su denuncia que "no ha otorgado" autorización alguna al Gobierno canario ni a la empresa que realiza el seguimiento informativo de su actividad, al tiempo que alerta también del fraccionamiento de los contratos de los que resultó beneficiaria ICC SL, por si pudieran constituir un presunto delito de prevaricación administrativa.