El Servicio Canario de Empleo exigió al Cabildo de La Palma contratar desempleados que estuvieran cobrando prestación y no los parados más necesitados para un proyecto de formación y aprendizaje financiado por ambas instituciones, según denunció en sesión plenaria la consejera insular del área, Maeve Sanjuán, y ratificó la presidenta, Guadalupe González Taño, aunque a pocos días de iniciarse la iniciativa permitió entrar a personas con informes sociales en los que se advertía de una situación extrema.

Sanjuán afirmó que desde el SCE "nos han dicho que hay una instrucción estatal para que se contraten personas que están cobrando prestación por desempleo", lo que únicamente se puede interpretar como la aplicación de una medida para ahorrar gastos al Estado, perjudicando a los parados que peor lo están pasando al quedarse sin ningún tipo de ingresos, y a los que la institución palmera pretendía dar cobertura, al menos a una parte, con este proyecto.

El portavoz del PP en el Cabildo, Carlos Cabrera Matos, que se interesó por la selección del personal contratado, dijo que "desconozco esas instrucciones del Gobierno de España". Sanjuán insistió y afirmó que "es una instrucción nueva que recibió el Servicio Canario de Empleo y así nos lo ha trasladado", aunque reconoció que "faltando una semana para comenzar con las obras, nos informaron de que se podían contratar personas que no estuvieran cobrando prestación, pero con previos informes de los servicios sociales municipales. Nos lo dijeron cuando ya no había tiempo".

Este proyecto benefició a 102 personas desempleadas que realizan las tareas de recuperación de los daños forestales producidos en el incendio del pasado verano, en los municipios de Villa de Mazo y El Paso, dentro del Plan Empleo Verde del Servicio Canario de Empleo. En concreto, se contrataron cuatro personas con titulación media, trece capataces forestales o agrícolas y ochenta y cinco peones durante un periodo de seis meses.

El coste del proyecto ascendió a la cantidad de 513.100 euros, siendo cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo, con 300.000 euros, y por la Corporación insular, con los 213.100 euros restantes.

La consejera insular del área aseguró que todos los peones contratados "fueron remitidos directamente por el SCE, bajo sus criterios, mientras que para el resto de puestos se hizo una selección por parte de técnicos del Cabildo".