Los casos de insultos y faltas de respeto a los docentes por parte de sus alumnos o de los padres de estos no cesan en los centros escolares.
El informe del Defensor del Profesor correspondiente al curso escolar 2011-2012, presentado por el sindicato de docentes ANPE, recoge que se ha atendido a 3.352 profesores y maestros, un 11 % de ellos por conductas agresivas de sus alumnos, apreciándose también de un curso para otro -además de haber aumentado los insultos y las faltas de respeto a los profesores- un aumento de los casos de acoso y amenazas realizadas por los propios padres por las malas notas de sus hijos. Hechos estos que no suelen tener trascendencia al no llegar a merecer una judicialización.
Veamos. Resulta inadmisible que desde el año 2005 el Defensor del Profesor haya atendido a 21.564 docentes con problemas, y el pasado año, como en otros, el mayor número de casos de maltrato a profesores se produjera en Secundaria (42%), el 39% en Primaria, el 8 % en Infantil y el 2 % en Educación de Adultos. Porcentajes que van aumentando por la actitud incívica de algunos estudiantes y también por las conductas antisociales de algunos padres.
En general, los profesores se sienten desprotegidos y poco apoyados, incluso por la dirección del centro. os docentes se quejan de que algunos alumnos conflictivos no les respetan, les hacen burlas, gestos o, simplemente, no obedecen. Es un constante desafío entre los profesores que sufren los maltratos y los alumnos que se sienten demasiado protegidos o respaldados por sus padres y algunos compañeros. En cambio, si el profesor intenta poner disciplina y orden en el aula suele ser acusado de abuso de autoridad.
Para preservar la autoridad del profesor hace falta una ley, a nivel nacional, que recoja las agresiones a los docentes, tanto de sus alumnos como por parte de los padres de estos, como un atentado a la autoridad. Una ley que contemple sanciones ejemplares a los infractores consistentes en multas y, si la gravedad lo requiriera, penas de cárcel
El origen de todo radica en la educación que reciben los niños en su casa. De aquí parten el respeto, la obediencia y el acatamiento que todos debemos al principio de autoridad como condición esencialísima de buenos hijos, buenos alumnos y buenos ciudadanos.
Quien no guarda un respeto a sus profesores no es digno de merecerlo de ellos, porque quien no respeta a la autoridad de quien le instruye tampoco respetará las leyes y las normas que regulan la normal convivencia en la sociedad, ni respetará la justicia, ni respetará el orden, cuya conservación garantiza la autoridad, ni respetará a sus semejantes, ni siquiera a sus padres.
Sin respeto a las personas que están revestidas de autoridad, como son los profesores, no es posible la vida ciudadana, porque quien pierde ese respeto pierde todo respeto. a desconsideración a la autoridad, cualquiera que sea quien la ejerza en razón de su cargo, trae inmediatamente la indisciplina, la protesta, la insumisión, el plante, la rebeldía, es decir, los disolventes más activos de la vida social. El desacato a la autoridad, cuando se hace habitual, es el prefacio de la anarquía, si no es la anarquía misma. os desconsiderados, los irrespetuosos, los enemigos de toda autoridad son los delincuentes de la ciudadanía.
Es preciso que la autoridad del profesor se haga respetar siempre. Este respeto será sin duda más fácil y hacedero si el profesor sabe conquistarlo y conservarlo, si ejerce su cometido docente con equidad y con justicia; y si es accesible y afectuoso, aunque, ciertamente, necesita un respaldo legal que le cubra de los abusos de sus alumnos y el de sus indeseables padres.