La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife admitió ayer la demanda reconvencional que el Ayuntamiento de Santa Cruz interpuso en su día contra Inversiones Las Teresitas (ILT) y en la que reclamaba la cantidad de 70 millones de euros, divididos en 53 millones de euros de activo principal y otros 17 millones en concepto de intereses. Estas cantidades se corresponden con la devolución del precio de la compraventa de los terrenos de Las Teresitas, a los que habría que añadir los intereses que se pudieran haber generado desde aquel momento.

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, manifestó que esta notificación constituye "un paso importante para ver la finalización del proceso. El ayuntamiento, a través de sus servicios jurídicos, trabaja para que el proceso no se alargue más de lo necesario y desatascar y evitar que las acciones que intentan demorarlo surtan efecto. Hoy podemos decir que estamos más cerca del juicio oral".

Martín indicó que el equipo de Gobierno entiende que la devolución "es una exigencia irrenunciable e histórica porque ha sido un quebranto para las arcas municipales, por lo que no aflojaremos ni un punto en todo este proceso hasta conseguir el reintegro de todo el dinero de los santacruceros".

Por último, el primer teniente de alcalde hizo referencia a que, a partir de ahora, "hay que ser prudentes y, a pesar de los obstáculos y recursos presentados por Inversiones Las Teresitas, hemos dado un salto cualitativo en el proceso, pero todavía queda un largo camino y, sobre todo, que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el fondo del asunto".

ILT presentó una demanda reclamando al ayuntamiento que le pagara 116 millones de euros a la vez que se negaban a devolver cantidad alguna de los 52,4 millones cobrados en el año 2001.

La respuesta del ayuntamiento fue la de exigir que no sólo se le restituyera esta última cantidad sino que se le sumaran los intereses.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), para cumplir con la anulación de la compraventa, tasó en 15 millones el frente de la playa y resolvió que ILT tendría que devolver la diferencia sumados los beneficios que obtuvo con la venta de la trasera de Las Huertas en 2006 a una filial de Mapfre por 95 millones de euros. Esta solución fue recurrida por ILT ante el Supremo, que acordó anular la compraventa y que sus consecuencias se dirimieran en la vía civil.