Durante 2012 y lo que llevamos de 2013, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) ha abonado "5.000 ayudas de emergencia pendientes" de los años 2008, 2009 y 2010, según explicó la concejal del área, Alicia Álvarez, en el Pleno del pasado viernes.
La edil aportó estos datos en el transcurso de la discusión de la moción de Guillermo Guigou, de Ciudadanos de Santa Cruz, para solicitar más presupuesto al Gobierno de Canarias para el desarrollo de la prestación canaria de inserción (PCI).
El Ejecutivo canario ha recortado la partida presupuestaria destinada a contratar trabajadores sociales para tramitar este tipo de ayuda, lo que ha supuesto un parón en estas tramitaciones.
"Hemos hecho una propuesta a Recursos Humanos para contratar a 16 trabajadores y cinco auxiliares administrativos", explicó Álvarez, quien añadió que la forma de mantener las 21 personas es que "en vez de estar a tiempo completo, estén al 75%". Los trabajadores sociales tendrán un contrato de 10 meses y los cinco auxiliares administrativos estarán durante nueve meses.
Guillermo Guigou no se mostró convencido con una fórmula con la que se proveía "con la mitad de dinero el mismo número de trabajadores". En este sentido, trató de convencer al grupo de Gobierno para que se aprobaran los tres puntos de su moción, ya que uno de ellos recogía que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tenía que realizar "una modificación presupuestaria para dotar a la Concejalía de Atención Social de fondos suficientes para no sólo mantener sino mejorar tanto el montante de las prestaciones, como el número de trabajadoras sociales existente a 31 de diciembre de 2012".
En este sentido, Asun Frías, de Sí se Puede, opinó que "si no se produce ese aumento de trabajadores sociales" en el Imas, los acuerdos del Pleno monográfico sobre Asuntos Sociales "se quedan en papel mojado".
José Manuel Corrales, de IU-XTF, consideró "calderilla" las 1.500 ayudas concedidas por valor de 300.000 euros. "El hambre no espera", dijo, en relación a la necesidad de agilizar más la concesión de ayudas de emergencia.
Óscar García, del Partido Popular (PP), apuntó que no sólo era cuestión de personal sino de recursos y recordó que las trabajadoras sociales necesitan ordenadores y programas específicos para gestionar estas ayudas.
La edil del Imas quería sustituir el punto referido al aumento presupuestario del ayuntamiento por un texto: "solicitar al Gobierno de Canarias que se busquen las fórmulas para que el acuerdo suscrito en materia de Servicios Sociales sobre la PCI tenga carácter anual y así no se vea interrumpido el servicio de prestación y estas ayudas gocen de continuidad".