El informe anual del Diputado del Común es muy crítico con la gestión de las escuelas infantiles municipales. El defensor del pueblo canario asegura que las quejas recibidas, y las contestaciones que le han remitido las corporaciones locales, reflejan "una administración más preocupada por reducir déficit presupuestario" que por desarrollar "políticas activas que favorezcan la educación temprana del alumnado de sus localidades e incluso la igualdad de oportunidades de los que menos tienen".

La institución, a cuya cabeza está el expresidente del Gobierno autónomo Jerónimo Saavedra, constata que las ordenanzas municipales que regulan el acceso del alumnado de cero a tres años a las escuelas infantiles han generado una considerable controversia.

Estas normativas recogen "escasa disposición de plazas subvencionadas, precios públicos desproporcionados para las no subvencionadas o imposibilidad de acceso de las familias más desfavorecidas frente a los precios establecidos por las empresas adjudicatarias en las externalizaciones de estos servicios por las administraciones", prosigue el Diputado en el apartado de su informe referido al área educativa.

La situación que viven las escuelas municipales es consecuencia directa de la caída de los fondos para educación infantil. El Gobierno autónomo dejó a estos centros sin financiación tras haberse comprometido a destinarles seis millones de euros. La negativa del Ejecutivo central a orientar los recursos del PIEC (Plan Integral de Empleo de Canarias) al mantenimiento de los puestos del trabajo en las escuelas infantiles municipales frustró el cumplimiento de este propósito.

Desde entonces, los consistorios han debido ingeniárselas para evitar el cierre de los centros, sea mediante la apertura al sector privado -las externalizaciones a las que se refiere Saavedra- o con un aumento de las tasas.

La crisis y los recortes han provocado, así, que la generalización en las Islas de la educación de cero a tres años haya sido relegada como objetivo prioritario de las administraciones. De hecho, el propio Ministerio ha pasado a considerarla más un instrumento de conciliación que propiamente educativo.

El número de quejas sobre la forma en que se tratan los problemas de convivencia en los centros educativos permite al Diputado del Común deducir que la aplicación del decreto que regula esta cuestión "no ha sido del todo efectiva".

No obstante, Jerónimo Saavedra valora "la buena disposición de las administraciones en este asunto, con la incorporación de distintas medidas y decisiones que favorezcan un clima escolar acorde con los principios de tolerancia, igualdad, respeto y responsabilidad compartida".

Algunos expedientes han generado desacuerdos, "bien en conductas inadecuadas entre alumnos y profesores, conductas incorrectas de alumnos entre sí y conflictos entre familias y equipos directivos y que, según los reclamantes, causan perjuicios irreparables al alumnado y al sistema educativo", explica el Diputado en su informe anual.

El defensor del pueblo de la comunidad autónoma expone que, gracias a sus intervenciones y a la colaboración con la administración educativa, se ha logrado que "se dinamice la mediación como un procedimiento adecuado en muchos de estos expedientes de queja".

Sin embargo, advierte de que "presenta mucha dificultad que los centros educativos apliquen un procedimiento disciplinario que nada tiene que ver con su labor como profesores", lo que genera "conflictos innecesarios" en las familias implicadas.