Miriam Pérez, que durante quince años trabajó como administrativa en el despacho de abogados de la UGT en Tenerife, dijo hoy que ha iniciado una huelga de hambre para reclamar al sindicato que la readmita tras haberla despedido por medio de un expediente de regulación de empleo.

El despido se llevó a cabo en junio de 2011 por medio de un expediente de regulación de empleo que afectó a catorce trabajadores del sindicato en las islas, de los que doce son mujeres, y Miriam Pérez, de 46 años, explicó que no hubo negociación a pesar de que algunos dirigentes de la UGT en Tenerife planteaban tomar otras medidas, como reducción de jornada y salario.

Divorciada y con una hija de 18 años, Miriam Pérez asegura que si mira hacia el futuro se ve como una persona en exclusión social, pues en junio dejará de percibir el desempleo y después no tendrá dinero para pagar la hipoteca, ya que si en la actualidad le cuesta llegar a final de mes peor será después.

Miriam Pérez indicó que da rabia que su situación se deba por la acción de personas que se llaman sindicalistas de una organización que ha recibido mucho dinero pero que lo han gestionado mal, y ahora las consecuencias las pagan los trabajadores.

Es inadmisible, en palabras de Miriam Pérez, que quienes critican las reformas laborales aprobadas por los gobiernos las apliquen, y en este caso con expedientes de regulación de empleo de carácter extintivo.

Comentó que ningún dirigente de la UGT se ha puesto en contacto con ella, que presentó una denuncia por despido nulo, para lo que alegó que aunque el sindicato planteaba motivos económicos no era esa la verdadera causa.

Miriam Pérez comentó que su denuncia y la de una compañera en los juzgados de Tenerife ha sido archivada por el juez y sin derecho a recurso, mientras que la presentada por dos compañeros en Gran Canaria ha terminado en juicio.

Esta situación produce indefensión a Miriam Pérez porque impide que presente pruebas, aunque ha impugnado el expediente de regulación de empleo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por considerar que no está demostrado suficientemente que se llevó a cabo por motivos económicos y porque, afirma, hubo persecución y acoso.

Pero la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias puede tardar años en producirse, lamentó Miriam Pérez.