La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife marcará en un futuro la disciplina, el control y la fiscalización de las antenas de telefonía móvil en la capital tinerfeña, un asunto que, mientras tanto, sigue generando polémica porque la mayoría de los vecinos las consideran sospechosas de incidir gravemente en la salud de las personas, a pesar de la existencia de multitud de estudios que se contraponen sobre esta cuestión.
En este sentido, el debate de la semana de El Día se titula simplemente "Antenas de telefonía móvil", un asunto que siempre genera tensión ante la lentitud de la burocracia para reglarlas y hacer cumplir las leyes y las normativas vinculadas que en algunas ocasiones son "manipuladas" por los operadores de telecomunicaciones, según los intervinientes.
Para la ocasión, estuvieron presentes el representante del colectivo Plataforma de Antenas de Telefonía Móvil (Planmocan), Manuel Díaz; el activista vecinal contra las antenas Juan Daniel Marrero; la portavoz de la AV La Voz de la Quebrada, Ángeles Izquierdo; el concejal en la oposición del PP José Carlos Acha y el edil responsable de la Gerencia de Urbanismo, José Ángel Martín.
Todos ellos coinciden en que se lleve a cabo la regulación de las antenas no ya solo en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, sino de la Isla y Canarias en general. No obstante, "la justicia, que es muy garantista, impide actuar con más rapidez en torno a este problema y se necesitará la aprobación del Plan General de Santa Cruz, en este caso, para que no dejemos cabos sueltos normativos que faciliten el trabajo a los operadores de telefonía móvil", dijo el propio Martín ante los reproches de la mesa sobre la lentitud para la erradicación de antenas ilegales en la trama urbana de Santa Cruz.
De esta forma, el concejal popular José Carlos Acha echó en cara a su compañero de corporación que "las cosas cambian, porque el PSOE antes de llegar al poder estaba bastante reivindicativo y ahora que está se olvida. Lo que está claro es que una vez que llegó al Gobierno se ralentizaron todos los procesos enfocados a quitar las antenas ilegales y que son potencialmente peligrosas".
Por otra parte criticó que sea Planmocan "el que haya cedido su propio medidor de ondas al ayuntamiento de Santa Cruz y que además, encima, ha tenido muy poco uso. Santa Cruz debería tener su propio medidor para hacer inspecciones en cualquier momento".
Restó importancia al hecho de que el ayuntamiento esté esperando a la aprobación del Plan General de Ordenación para elaborar el Plan Especial Sobre Antenas de Telefonía Móvil, "una espera que no tiene ningún sentido porque hay vías más directas para atajar las antenas que son ilegales y que producen graves afecciones", e hizo una advertencia: "No cabe duda de que las antenas de telefonía móvil matan".
En la misma línea se expresó Juan Daniel Marrero, que no desaprovechó la oportunidad para valorar positivamente las movilizaciones realizadas por El Sobradillo contra las antenas, destacando que "las afecciones a las personas en el ámbito de una antena son importantes y ya los médicos no las ponen en duda. No decimos que las antenas matan, pero sí que contribuyen como mínimo al empeoramiento generalizado de las personas que no están bien", afirmó.
"Firmamos un convenio con el ayuntamiento para la prestación del medidor y nada ha cambiado. Todo sigue igual y no han quitado ninguna de las antenas que no cumplen con la ley. Parece que las operadoras de telefonía hacen lo que les da la gana. Falta acción por parte de las administraciones sobre este asunto", dijo para recordar también que José Ángel Martín no ha convocado ninguna reunión sobre una comisión creada para tratar el problema.
Sobre el asunto, el portavoz de Planmocan, Manuel Díaz, advirtió del problema existente en El Sobradillo con las antenas, especialmente las ubicadas en las calles Calándula y el Bellotero. Dijo que durante los últimos meses "han muerto tres vecinos del área de influencia de las antenas y creemos que es como consecuencia de estas antenas. Hay que bajar los niveles de emisión de ondas, pero nadie se molesta en poner una solución sobre la mesa. Creemos que hay gente que se tiene que responsabilizar de todo esto".
En cambio, la portavoz de la AV La Voz de la Quebrada, Ángeles Izquierdo, enfocó el debate al peligro que supone una antena ubicada en el pueblo de María Jiménez, en la calle Calabria. "Es una burla que todavía siga emitiendo. La tengo a tres metros de mi casa y no hay solución a esta antena que no cumple con las leyes. En el pueblo estamos todos preocupados, porque nos afecta a todos", dijo.
El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, tomó el testigo y defendió su labor al frente de Urbanismo: "Soy el único concejal que ha llevado a la Fiscalía la situación de dos antenas de telefonía móvil; el que ha abierto los expedientes en un ejercicio de transparencia absoluta. El ayuntamiento está implicado en erradicar las antenas que estén ilegales y estamos trabajando en ello y no vamos a dar el brazo a torcer en este asunto en el que estamos muy implicados. La voluntad es firme con la erradicación de antenas en la trama urbana de Santa Cruz. De echo, ya hemos quitado cuatro antenas que estaban en edificios municipales".
"Es cierto que la justicia es lenta, pero no podemos saltarnos los trámites administrativos en ningún caso. Además, no queremos hacer una normativa sin contenido, por lo que es fundamental la aprobación del PGO. Con el amparo del PGO podremos desarrollar el Plan Especial de Telefonía Móvil y adecuar la Ordenanza municipal para anteponer la ley a las operadoras sobre dónde se pueden ubicar y en qué condiciones y garantías", apuntó.
Acerca de dónde está la frontera del servicio público y la seguridad de las personas, Marrero aclaró que "aplicando la ley bastaría para solucionar muchos problemas. Estaríamos mucho mejor", señaló, para apuntar que en el municipio de Güímar se han reubicado todas las antenas urbanas en el emplazamiento de Anocheza".
Martín destacó que al ser un servicio público las telecomunicaciones es muy complicado actuar y dijo que "Urbanismo está elaborando un mapa en el que tendrán que estar las futuras antenas de telefonía móvil, que tendrían que desaparecer de la trama urbana atendiendo al principio de seguridad y salud para las personas".
Llamó la atención sobre la competencia existente entre las cuatro operadoras que hay, "pero debería competir solo en servicios y reubicar las antenas en zonas que tengan una sola antena, pero utilizada por todos ellos para desarrollar sus servicios".
El popular José Carlos Acha reconoció "las buenas intenciones" que tiene Martín, pero le invitó a "hacer algo más, teniendo en cuenta que el ayuntamiento tiene la obligación de salvaguardar la seguridad y la salud de los vecinos y el propio servicio público. Debería haber tomado alguna medida intermedia, pero la única realidad es que el ayuntamiento está impotente sobre la cuestión de las antenas de telefonía móvil. Hay que poner impedimentos a las operadoras y negociar con ellas para llegar a acuerdos. Tenemos un concejal con buenas intenciones, pero que en realidad no puede con este asunto".
Martín rechazó estas cuestiones y se posicionó en el "trabajo realizado y en la necesidad de esperar a la aprobación del PGO para tener las mayores herramientas jurídicas para poder hacer frente al problema, evitando cometer errores. Y por cierto, no me siento a negociar con quienes no respetan las órdenes de Urbanismo (en relación a los operadores)".
Por último, el resto de intervinientes volvieron a acusar al ayuntamiento de inacción contra el problema y solicitaron de manera urgente la convocatoria de la comisión sectorial.
Síntomas y efectos secundarios
Los afectados por las antenas de telefonía se quejan de dolores de cabeza, dificultad para conciliar el sueño, muestran estrés, nerviosismo, pérdida de memoria y también presentan dificultad para concentración, entre otros.
La justicia también reconoce el impacto
La sentencia del Tribunal Supremo, emitida el pasado mes de junio, estima que las antenas de telefonía móvil tiene efectos significativos en la salud y el medioambiente dando la razón, así, a los afectados en Valladolid.