El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, está decidido a acabar con todos aquellos medios de comunicación críticos con la labor que lleva a cabo su Ejecutivo y para ello no va a escatimar medios.

Si el pasado 13 de enero un rotativo afín al régimen paulinista como el Canarias7 reconocía de forma explícita en su editorial que el Gobierno canario paga semanalmente una página de publicidad a todos los periódicos editados de Canarias, excepto EL DÍA, confirmando así que existe una directriz emanada del propio presidente del Gobierno, encaminada a excluir a este grupo de comunicación de sus campañas de publicidad, pese a ser el periódico más leído del Archipiélago, hace un mes, el 18 de febrero de 2013, el Boletín Oficial de Canarias recogía un decreto por el que se aprueban los pliegos de prescripciones técnicas generales en campañas institucionales que no tiene desperdicio.

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, algunas de las determinaciones incluidas en el citado decreto solo tienen como finalidad excluir de dichas campañas a los medios díscolos y que no comulgan con la política marcada por Rivero, a la vez que confirman la existencia de una directriz emanada del propio Gobierno canario para discriminar a determinadas empresas de comunicación.

Ejemplo de ello es que se establece que la cantidad de individuos que leen un periódico deja de ser relevante para evaluar una propuesta de campaña en prensa o que no se insertarán anuncios en televisiones cuya audiencia no esté medida por Kantar Media -no vale el Estudio General de Medios- o carezcan de licencia otorgada por el Gobierno canario, cuando precisamente a fecha de hoy y por culpa del propio Ejecutivo que preside Rivero no hay ni una sola televisión local que cumpla esa condición al anular la concesión de licencias los tribunales.

Con esta última disposición, aseguran las fuentes consultadas por este periódico, el Gobierno canario pretende beneficiar claramente a las grandes cadenas nacionales de televisión, tal y como ha estado haciendo hasta ahora al permitir que hagan desconexiones locales con la única intención de vender publicidad en perjuicio de los medios canarios.

Este tipo de medidas son propias de gobiernos molestos con medios de comunicación que ejercen su derecho a la libertad de expresión y opinión. Así ocurrió en su día con El Alcázar, el diario La Información de Alicante, el Diario de Melilla, el Deia en el País Vasco, el diario Levante-El Mundo de Valencia, ABC de Sevilla o Nueva España de Asturias, por citar algunos ejemplos.

La metodología es siempre la misma: excluir al medio díscolo de las campañas de publicidad institucionales provocándole un doble quebranto. Por un lado, la exclusión en sí. Por otro, el beneficio a la competencia. El objetivo, también: dibujar un paisaje único, monocolor y acrítico en el que mantener a los ciudadanos.

Para no dejar ningún resquicio, el decreto antes citado, 31/2013, de 8 de febrero, será aplicado a todos los contratos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, entidades públicas empresariales, entidades de derecho público, sociedades mercantiles públicas dependientes y fundaciones públicas que tengan por objeto la contratación de la creatividad, producción y el plan de medios de las campañas institucionales de publicidad.