El Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife condenó a dos empleados de Endesa por un delito de incendio forestal por imprudencia grave, al considerar probado que la falta de mantenimiento de una línea eléctrica causó en 2006 un fuego en un espacio protegido de Anaga.

La sentencia impone tres meses de prisión a cada uno de ellos, con inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y 1.800 euros de multa, y les obliga a indemnizar al Cabildo de Tenerife con 207,90 euros por los costes de los trabajos de extinción de incendio.

Los condenados eran en el momento del incendio representante legal de Unelco-Endesa en Tenerife y coordinadora de explotación de la empresa en la capital tinerfeña y también deberán abonar la cantidad que se determine por los daños forestales ocasionados por la pérdida de valor ecológico del terreno, en atención a la posible degradación del suelo, subsuelo, aguas y vegetación de laurisilva. El fallo declara responsable civil subsidiario a Endesa, ya que la empresa es la propietaria de la línea eléctrica aérea de baja tensión en el tramo que discurre por el paraje natural Pico del Inglés, al final de la carretera TF-114, en el Parque Rural de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.

Endesa presentó un recurso contra dicha sentencia del Juzgado de lo Penal número 5.

En cuanto a los condenados, se señala que son responsables de la explotación y gestión de obras y mantenimiento de las citadas líneas eléctricas. La resolución precisa que el primero era jefe de la segunda.

La instalación eléctrica se realizó en 1987 y no se ordenaron ni llevaron a cabo las inspecciones y programas oportunos, ni se adoptaron las medidas de control y vigilancia para garantizar que tales líneas tuvieran un mantenimiento adecuado, señala la juez.

Los cables en varios tramos estaban sometidos a mucha tensión y en contacto directo con los árboles, sin guardar distancia de seguridad, ya que el crecimiento de la flora había afectado a su configuración, llegando a encontrarse el tendido aéreo en algunos de sus tramos sin la cubierta protectora que lo debía aislar, añade.

La sentencia declara probado que, sobre las 15:45 horas del 11 de septiembre de 2006, uno de los cables eléctricos defectuosos se rompió y provocó chispas, con lo que el fuego se extendió a unos 60 metros cuadrados por el monte, de propiedad privada, y afectó a laurisilva, tejo, follao, laurel y fayal, que son especies protegidas en el Archipiélago.