El viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, deberá explicar ante el juez de qué manera adjudica el Ejecutivo canario la publicidad institucional, cuyo último decreto, el 31/2013, de 8 de febrero, que cambia los criterios de reparto de la citada publicidad, defendió el viernes tras el Consejo de Gobierno.
Con una celeridad poco habitual en el ámbito judicial, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife admitió a trámite el mismo viernes, 22 de marzo, una demanda presentada tres días antes por Editorial Leoncio Rodríguez SA, sociedad matriz y cabecera del Grupo de Comunicación El DÍA, en la que, entre otros aspectos, denuncia el trato "discriminatorio" que, en relación con el reparto de la publicidad institucional, ha sufrido el periódico desde el año 2010.
El viceconsejero regional de Comunicación y Relaciones con los Medios, que ya está citado a declarar por otros asuntos relacionados con el área que dirige, las adjudicaciones de las licencias de Frecuencia Modulada (FM) y del seguimiento de medios de comunicación -de los que podría salir imputado-, deberá dar cuenta de por qué se ha producido una diferencia de trato, a juicio del denunciante, "injustificada", que ha provocado un doble quebranto: la exclusión en sí de la publicidad institucional y el beneficio a su competencia.
Hecho este último que, por si pudiese quedar alguna duda, confirmó uno de los periódicos competidores de EL DÍA, el medio grancanario Canarias 7, que en su editorial del pasado 13 de enero admitió explícitamente el trato discriminatorio del que es objeto el rotativo tinerfeño.
Pero, además, Marrero deberá aclarar ante el juez el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Contratación del Plan de Medios de las Campañas Institucionales de Publicidad, recogido en el decreto 31/2013, de 8 de febrero. Según establece uno de los puntos de este pliego, y en relación con la prensa escrita, el 40% del presupuesto del Lote 2 deberá ser destinado a la publicación de los anuncios en, al menos, "todos los medios cuyas ediciones de elaboran en Canarias...".
Entiende Editorial Leoncio Rodríguez SA que bajo este trato aparentemente igualitario se introduce un factor de distorsión grave, pues todos los medios escritos son tratados por igual, independientemente de su difusión, como si de una subvención o ayuda se tratara, cuando ha de tenerse en cuenta en la adjudicación de un contrato del sector público en el que prima por principio la eficiencia del gasto, expresada en términos de menores costes de adquisición de las prestaciones que el sector público demanda a los mercados y, en consecuencia, la obtención de las mismas con un gasto inferior.
Al margen de Marrero, la denuncia de Editorial Leoncio Rodríguez SA admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital tinerfeña también exige que dé explicaciones de este asunto el presidente canario, Paulino Rivero, porque él es el que hace la propuesta del decreto al Consejo de Gobierno y éste lo aprueba. Si el Juez así lo decide, Rivero deberá explicar la autoría del decreto y quién fue su redactor.
Malestar en CC por ir a rebufo del Gobierno
Que la política de comunicación del Gobierno de Canarias es un tema que preocupa en los órganos de dirección de Coalición Canaria (CC) es, desde hace tiempo, un secreto a voces. Una prueba más de ello se produjo esta semana en el transcurso del comité permanente que celebró la formación nacionalista, y en el que se debatió sobre el decreto 31/2013, de 8 de febrero, que regula la publicidad institucional. Fuentes consultadas por este periódico confirmaron que distintos dirigentes de CC expresaron su malestar, y no es la primera vez, por que el partido siempre va a rebufo del Ejecutivo, tendencia que se intentó cambiar tras el último congreso de CC y que, sin embargo, se sigue repitiendo. Las mismas fuentes reconocieron que, en ocasiones, se siente "impotencia", pues el Gobierno toma sus decisiones de forma "unilateral", lo que obliga a CC a ir "a remolque".
Preocupación por la relación con EL DÍA
Las mismas fuentes reconocieron que existe "preocupación" por el coste político que está significando para el partido las relaciones del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, con el Grupo de Comunicación El Día, y remarcaron que el último decreto del Ejecutivo no se puede plantear como "una imposición", y más aún cuando viene precedido de situaciones controvertidas.