El Ejecutivo regional "tutelará" la transformación de CajaCanarias en fundación a través de una gestora de carácter político que respeta tanto las cuotas de CC y PSC en el pacto de gobierno como la representación de La Palma en la dirección de la entidad.
Para poder aprobar esa gestora -compuesta por cinco miembros y que deberá nombrar ahora el patronato y tendrá que aprobar sus estatutos- el Protectorado de Fundaciones, que preside el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, tuvo antes que desestimar un recurso de alzada que el pasado mes de febrero interpuso el equipo que lidera Álvaro Arvelo contra la decisión de no inscribir lo que el Gobierno insiste en denominar "fundación en proceso".
Desde la propia Fundación CajaCanarias no se hizo esperar la reacción.
Además de rechazar la decisión por considerar que cumplió con los plazos establecidos en la ley para llevar a cabo el proceso de forma voluntaria y sin necesidad de intervención de la Administración -que es el argumento que esgrime el Ejecutivo para justificar la negativa a aprobar su creación-, la Fundación CajaCanarias insiste en la "legitimidad" de su patronato, por lo que entiende que "no cabe" la designación de una gestora, tal y como acordó la Administración.