No es la primera vez que el sector de la enseñanza concertada recibe críticas por ir contra su carácter teóricamente gratuito y no discriminatorio, pero el informe que la Plataforma por la Dignidad hizo público ayer sustenta con datos muchas de estas acusaciones y plantea un contundente rechazo a la "elitización" de la educación.

Las presiones para el pago de cuotas teóricamente voluntarias son una de las conductas que motivan más reproches a estos centros. "Son repetidas las quejas de muchos padres ante la Consejería de Educación por cobros de cuotas indebidas (...)", señala el documento. Esto ocurre, recuerda la Plataforma, pese a que la normativa autonómica establece la voluntariedad de los servicios extraescolares y complementarios que ofrecen estos colegios.

El informe denuncia, asimismo, que "muchos centros concertados no informan de manera clara y explícita" de la no obligatoriedad de abonar la cuota mensual -aportación que hacen los padres para sufragar los gastos no cubiertos por la subvención que otorga el Gobierno canario- "o la mezclan con otros conceptos para los que los padres tienen más difícil decir que no, como las actividades escolares complementarias y las extraescolares".

Así, la cuota en las Islas oscila, según las informaciones recabadas por la Plataforma, entre los 40 y los cien euros mensuales.

En cuanto a los precios del comedor, la diferencia entre públicos y concertados suele superar los 50 euros. El informe precisa que los centros concertados pueden elevar el precio respecto al coste del servicio "siempre y cuando el sobrecoste sea invertido en el mantenimiento y la mejora de las instalaciones del colegio y no tenga un destino puramente lucrativo".

"Y así sumémosle también transporte, seguro escolar, permanencias, psicólogos, pedagogos, actividades extraescolares, actividades complementarias y excursiones, y acaba por confirmarse lo que concluye un estudio de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios): que los colegios concertados son un 69 % más caros que los públicos, con un coste medio anual de 3.675 euros por alumno frente a los 2.179 euros al año de un colegio público".

Los datos refrendan otra de las recriminaciones que habitualmente suelen dirigírsele al sector: la escasa acogida de alumnos de origen extranjero. De hecho, Canarias es la comunidad autónoma con menor presencia de inmigrantes en la escuela concertada, solo un 4,3%, casi diez puntos por debajo de la media nacional y a años luz del País Vasco (casi un 30%), según las estadísticas del Ministerio de Educación.

A juicio de la Plataforma por la Dignidad, el responsable último de todas estas situaciones es el Gobierno regional. A la pregunta de "¿Es posible que el Gobierno de Canarias y su Consejería de Educación no estén poniendo los medios ni las directrices y controles necesarios para hacer efectivo ese espíritu de servicio público que subyace a los conciertos educativos?", el documento responde afirmativamente.

Lo cierto es que las quejas formuladas por las familias cuando se sienten presionadas para efectuar pagos inicialmente voluntarios no suelen terminar en sanciones por parte de la Administración educativa.