Las administraciones públicas españolas destinan cada año unos 3.000 millones a adquirir los alimentos destinados a abastecer colegios, hospitales, las fuerzas armadas o el sistema penitenciario, según un informe sobre compra pública de la organización VSF Justicia Alimentaria Global.

El presidente de la organización, Javier Guzmán, señaló ayer que en este sector de la restauración se está viviendo un proceso de concentración "acelerado" y diez grandes firmas de "catering" se están haciendo con "el gran negocio" de la alimentación colectiva.

Por ello, instó a que la administración pública, como "ente comprador", asuma "cláusulas de justicia" en la adquisición de estos alimentos, apostando por canales cortos de comercialización.

Según el estudio, la compra pública "tiene una gran capacidad para orientar mercados hacia un modelo económico más justo y sostenible", debido al gran poder de compra de las administraciones públicas, cerca del 17 por ciento del PIB en el ámbito europeo.

La mayor parte de la restauración colectiva se centra en el sector de la educación (2.180 millones de euros), seguido del sistema hospitalario (775 millones de euros), las fuerzas armadas (127 millones) y el sistema penitenciario (45 millones).

El total de alimentos consumidos en este canal de la restauración supera los 1.300 millones de kilos anuales, unos 28 por persona.

Los alimentos que más se consumen son verduras y hortalizas frescas, leche, frutas, carne y patatas, según el mismo estudio.

En general, el 70 por ciento de los alimentos de la restauración social se compran a mayoristas y solamente el 10 por ciento directamente al sector público, una tendencia que se quiere romper.

Por ello se presentó ayer la campaña "Cortocircuito" que cuenta con el apoyo financiero de la Asociación Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (Aecid), una estrategia para instar a los entes públicos a comprar los alimentos en los mercados de proximidad.

De esta manera, según el responsable de VSF Justicia Alimentaria Global, se reduciría el impacto ambiental de la generación y transporte de alimentos, se ayudaría a paliar la crisis del sector primario y se fomentaría la conexión entre comprador productor.

Alimentos como los cereales, el café, los pescados y las frutas recorren más de 5.000 kilómetros antes de ser consumidos, detalla el informe, que también recuerda que en España cada día se importan 330.000 kilos de pollo, mientras que se exportan 205.000 kilos.

"En los comedores escolares se ha extendido el consumo mayoritario de la perca del Nilo -muchas veces etiquetada como mero-", explicó Guzmán, quien recordó que es solo un ejemplo de los "alimentos kilométricos" que consumimos en España, denominados así porque se producen muy lejos de donde se consumen.

Guzmán lamentó que solo dos empresas controlan una de cada cuatro comidas servidas en hospitales y colegios en España y que se esté generalizando el servicios de catering en los colegios.

"Las familias en España gastan una media de 4.000 euros en alimentación; si un porcentaje de esa cantidad se dedica a la compra local, el impulso de esa economía puede ser muy importante", indicó.

El responsable de la campaña relató que "con la crisis muchas personas han intentado recuperar las explotaciones rurales de sus abuelos, pero se encuentran sin políticas de ayuda y con barreras legislativas". "La inversión en canal corto genera un 50 por ciento más de empleo, que las compras en supermercados", insistió.

En esta campaña también participa la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), cuyo secretario general, Miguel Blanco, precisó que un cambio en la compra de alimentos por parte de las administraciones públicas "puede fomentar un modelo más sostenible" y, además, "sin gastar más, sino menos".

En este sentido, detalló que se trata de una "cuestión de voluntad y compromiso públicos" que exigió durante su alocución.

Durante la jornada se presentaron ejemplos de éxito en los canales de comercialización cortos para la restauración colectiva, como el caso del proyecto de restauración pública ecológica y de proximidad en comedores escolares en la región Emilia-Romagna.

Su responsable, Natale Marcomini, explicó que en esta zona de Italia se trabaja para conectar los 3.000 agricultores con los 300 ayuntamientos, competentes en los servicios de comedor.

La mitad de los colegios de la comarca introducen ya algunos productos ecológicos y, de estos, la cuarta parte solo sirve alimentos biológicos en sus servicios de comedor público.

En la presentación de la jornada de ayer también participó el director general de Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, quien enumeró las medidas que desde el Gobierno se están llevando a cabo en la actualidad.

Entre ellas, el apoyo a la agricultura ecológica y a los canales cortos de venta, la estrategia contra el desperdicio, la ley de mejora de cadena alimentaria o la de integración de cooperativas.

Adelantó que el próximo mes se presentará el proyecto "Bienvenidos al campo", una "ventana" a través de internet por la que el consumidor conozca el trabajo de los productores.

las claves

La mayor parte de la restauración colectiva se centra en el sector de la educación (2.180 millones de euros), seguido del sistema hospitalario (775 millones de euros), las fuerzas armadas (127 millones) y el sistema penitenciario (45 millones). El 70 por ciento de los alimentos de la restauración social se compran a mayoristas y solamente el 10 por ciento directamente al sector público, una tendencia que se quiere romper. Alimentos como los cereales, el café, los pescados y las frutas recorren más de 5.000 kilómetros antes de ser consumidos, detalla el informe "Cortocircuito" presentado ayer. La inversión en canal corto genera un 50 por ciento más de empleo, que las compras en supermercados Vivienda asegura VSF Justicia Alimentaria Global.